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Violencia contra la población LGBT+: el sangriento sexenio de Enrique Peña

Inacción de instituciones legitima la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género…

La organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana presentó el informe “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, en el que detallan que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas. Esta cifra implica que al menos 79 personas LGBT fueron asesinadas al año en el país: 6.5 homicidios por mes.

De acuerdo con el informe, los dos últimos años del sexenio fueron los más violentos, ya que muestran un aumento de 30 por ciento del número de homicidios con relación al promedio de los años anteriores, aunque también se aclara que la cifra real es superior a la registrada, ya que las notas periodísticas, en las que se basa este Informe, no reportan todos los casos de muertes violentas por homicidios en contra de las personas LGBT.

El indicador detalla además que las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a sufrir actos de violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas con 261 transfeminicidios, lo que representa 55 por ciento del total; seguidas de los hombres gay/homosexuales, con 192 casos, 40 por ciento del total.

Durante el periodo analizado, agrega el documento, se registraron los feminicidios de nueve mujeres lesbianas; los homicidios de cinco hombres bisexuales, o percibidos como tales; y el feminicidio de una mujer bisexual o percibida como tal.

El promedio general de edad de las víctimas fue de 34 años. En los casos de las mujeres trans el promedio de edad fue de 32 años, menor al promedio general; mientras que el promedio de edad de hombres gay/homosexuales fue de 37 años. En los casos de las demás orientaciones sexuales no resulta relevante establecerlo por el reducido número de víctimas identificadas.

“Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, recuerda que de acuerdo con una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 6 de cada 10 personas LGBT+ encuestadas sufrió discriminación durante el último año.

El rechazo e intolerancia provoca que las personas LGBT+ vivan o estén expuestas a una violencia cotidiana en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven tan solo por expresar lo que son y lo que sienten, detalla el documento, sin embargo, debido al temor a que se revele su orientación sexual, a sufrir revictimización o por desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, muchas personas LGBT+ prefieren no denunciar cuando han sido víctimas de actos de discriminación y de violencia.

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana recolectó y registró desde 1998 los datos de la violencia más extrema y letal en contra de personas LGBT+ y creó la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia con el propósito de dar visibilidad a un problema social poco valorado y ejercer presión hacia las instituciones estatales para que asuman dicha responsabilidad, así como incidir en la agenda de los medios de comunicación para poder incidir a su vez en las agendas políticas, legislativas, judiciales y de derechos humanos de las diferentes instituciones del Estado.

“Hoy nos complace presenciar avances legislativos y en políticas públicas en esa dirección: en al menos 12 entidades del país los congresos locales han modificado su legislación para incluir al odio como agravante en los delitos de homicidio; algunas procuradurías generales de justicia de los estados han elaborado protocolos específicos de actuación, así como han creado unidades o fiscalías especiales de atención a las personas LGBTTT”, señalan.

En el documento se recuerda que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y más recientemente, en 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Son avances importantes, reconocen, pero aún son insuficientes para responder adecuadamente a este grave y complejo problema, sustentado en estereotipos y prejuicios sociales muy arraigados, y frente al cual el Estado debe asumir plenamente su obligación de prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos derivados de la violencia ejercida en contra de las personas LGBT+.

La inacción de las instituciones del Estado legitima la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas.

El informe también detalla una serie de recomendaciones:

  1. Atender la recomendación de la CIDH de crear sistemas o mecanismos de recolección de datos de manera desagregada y estandarizada de los diferentes tipos de violencia dirigidos en contra de las personas LGBTTTI+ y crear un registro nacional de delitos cometidos contra las personas LGBTTTI+, mencionado en el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.
  2. Las autoridades mexicanas de procuración de justicia deben diseñar y poner en práctica acciones dirigidas a erradicar los estereotipos de género, basados en la orientación sexual y la identidad de género de las personas, de las investigaciones ministeriales y de los procedimientos judiciales.
  3. Es de atenderse la recomendación de la CIDH a los Estados de iniciar las investigaciones judiciales bajo la hipótesis de que medió el prejuicio en los homicidios de personas LGBTTTI+, o no descartarla de antemano.
  4. Es necesario adoptar medidas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de quienes denuncian asesinatos y otros actos de violencia contra personas LGBTTTI+.
  5. Reconocer el interés legítimo de lo que se denomina “la familia social” de la víctima y de las organizaciones civiles LGBTTTI+ durante el procedimiento penal, en coadyuvancia y apoyo a las investigaciones.
  6. Establecimiento de un mecanismo de coordinación para la implementación del Protocolo en la materia elaborado por la FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, contemplando la participación de las organizaciones civiles LGBTTTI+.
  7. Elaborar una propuesta encaminada a lograr la homologación del tipo penal de los “crímenes de odio o por prejuicio” en todos los códigos penales del país.
  8. Diseñar y difundir campañas específicas y diferenciadas de prevención del delito y la violencia dirigidas a las comunidades LGBTTTI+, elaboradas en conjunto con las organizaciones civiles y comunitarias.

EN ESTE ENLACE EL ACCESO DIRECTO AL INFORME DE LETRA S

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