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Terapias de conversión, su erradicación en la Ciudad de México

Por: Salvador Montoya

Históricamente, existe una lucha por eliminar y castigar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), los cuales han sido realizados por los padres de familia en su intento de tratar de cambiar la orientación sexual de sus hijos y su identidad; acudiendo a “terapeutas” y en muchas ocasiones por líderes religiosos. Son procedimientos severamente dañinos y un retroceso en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTI.

El objetivo de estas terapias es disuadir a alguien de su preferencia sexual, o bien de su libre elección de género. Recurriendo a diversas prácticas que van desde la violencia psicológica hasta la tortura o abuso sexual, provocando dolor y sufrimiento tanto físico como psicológico. Estas “terapias” carecen de justificación médica y van en contra de los criterios internacionales que reconocen la homosexualidad como una variación natural de la sexualidad humana y no una patología o enfermedad.

Los organismos internacionales de salud y derechos humanos como la ONU han expresado su preocupación respecto a las terapias de conversión, ya que los ECOSIG pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, siendo igualmente un problema grave de discriminación. En términos reales los países han hecho poco para evitar que continúen estas prácticas.

En la Ciudad de México el 10 de julio del 2020, la iniciativa presentada desde el 2018 para sancionar las “terapias de conversión” sobre la orientación sexual, la identidad o la expresión de género avanzó al Congreso local. Aprobándose la reforma al artículo 206 bis del código penal local para castigar los tratamientos de las actividades que atentan contra la libre autodeterminación en materia de género de las personas. Sancionando a quienes obliguen a otras personas mediante la violencia física, moral o psicoemocional para que tomen estas terapias, con prisión de dos a cinco años y 80 horas de trabajo comunitario.

Prohibir y sancionar a quienes ofrecen estas terapias, representa un avance en los mecanismos de protección en el país, que de por sí ya enfrenta una crisis de derechos humanos y seguridad, sobre todo para grupos vulnerables. Aquí también se ve reflejada la lucha de distintas organizaciones y personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTTI, esperando que pronto se convierta en una prohibición generalizada en todo el país.

Esta reforma también involucra un reto importante para el sistema de justicia, dónde los funcionarios y ministerios públicos involucrados en este tipo de asuntos estén debidamente capacitados y sensibilizados en materia de identidad de género y orientación sexual. Sin duda estos avances para detener la discriminación traerán muchos beneficios a futuro.

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Artículo publicado originalmente en: https://www.nature.com/ escrito por Kendall Powell, Ruth Terry  y Sophia Chen

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