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Mujeres trans privadas de la libertad

Por Mayra Carvente Pacheco, mayra@humanismo.mx

Las mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero) son especialmente vulnerables ante la transmisoginia. El acceso a la educación, servicios de salud, albergues seguros, y el mercado laboral formal se ven limitados por la violencia, los prejuicios y la discriminación que viven y sobreviven no sólo en el espacio público sino también en el interior de sus familias. La exclusión y la precariedad en la que viven estas mujeres por falta de reconocimiento a su identidad de género las vuelve más susceptibles a vivir distintas formas de violencia y las orilla a involucrarse en ocupaciones que las ponen en riesgo.

En ese contexto de reducción de oportunidades, las mujeres trans que son privadas de su libertad enfrentan o acrecentan los retos y las vulnerabilidades asociadas a su identidad de género que incluyen violaciones a derechos humanos, ruptura de vínculos familiares y de amistad, así como con la propia comunidad.

El resguardo de las personas trans en los centros penitenciarios debe responder a criterios de identidad, seguridad, riesgos y preferencias; sin embargo, a menudo son ubicadas en cárceles para varones, lo que atenta con la autopercepción que las personas tienen de sí, con independencia de sus documentos de identidad, esto no sólo viola sus derechos de humanos, también incrementa el riesgo a sufrir cualquier tipo de violencia, entre ellas la sexual.

La segregación de las personas trans con la finalidad de evitar abusos no sería una buena medida, ya que lejos de ayudar, crearía grandes brechas de difícil o nulo acceso a la educación, capacitación, recreación, empleo, entre otros servicios. Además, la segregación puede provocar severos episodios de depresión y aislamiento, lo cual tiene como consecuencia daños psicológicos, por ejemplo, en México se han registrado intentos suicidas de mujeres trans en los centros penitenciarios.

Es bien sabido que el Estado Mexicano no ha logrado garantizar los derechos humanos de estas mujeres, lo cual es grave ya que los agentes estatales poseen la calidad de garante, es decir deben velar por todas las personas que están bajo su resguardo, máxime cuando se trata de personas privadas de la libertad. Tampoco existe y promueve una cultura de derechos fundamentales y de respeto mutuo entre personas, ni campañas de sensibilización y capacitación de los servidores públicos, lo cual coadyuvaría para garantizar una atención con enfoque diferencial, lo que sin lugar a dudas repercute en el debido proceso, la debida diligencia, el acceso a la justicia y el trato a las personas reclusas; de igual manera, faltan mecanismos que permitan generar estadísticas y datos oficiales desagregados para dimensionar la problemática y con ello identificar herramientas que permitan ayudar y sobre todo diseñar e implementar las garantías de no repetición y reparación del daño.

Pese a lo anterior, las mujeres trans que fueron o están privadas de su libertad no se han dado por vencidas y aún sin el apoyo del Estado, la mayoría de estas mujeres trans han creado organizaciones para defender sus derechos, así como los de aquellas que aún están privadas de su libertad.

En 2017, se consolidó la Red Internacional de Trabajo con Personas LGBTI+ Privadas de Libertad “Corpora en Libertad”. Esta red agrupa a organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Urugay y tiene como objetivo desplegar iniciativas colectivas de trabajo para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en situaciones de privación de libertad.

Para mayor información sobre “Corpora en Libertad” se puede consultar el siguiente link: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/56_Red_Corpora_Libertad.pdf

 

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