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El transfeminicidio y la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Por Norma Celia Bautista Romero (norma@humanismo.mx)

El 19 de junio del 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió la recomendación número 02/2019, ante la falta de debida diligencia, carente aplicación de la perspectiva de género y falta de un enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro, mujer trans de 24 años de edad, quien fuera asesinada el 30 de septiembre del 2016, después de subir a un vehículo conducido por un sujeto masculino quien le había solicitado sus servicios como trabajadora sexual, para minutos después accionar un arma de fuego ocasionándole lesiones que provocaron su fallecimiento.

El organismo público de defensa de derechos humanos, dentro de su apartado señalado como glosario define al transfeminicidio como una “intersección entre transgénero y feminicidio. Término usado para describir el asesinato de mujeres trans en una intersección de violencias transófoba y misógina que no admite que los roles, expresiones e identidades de género se distancien de la norma asignada al nacer, de la expectativa impuesta, cometido por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres trans”.[1]

De esta manera dicho órgano determinó que el andamiaje jurídico de reconocimiento de protección de derechos humanos para la comunidad LGBTTTIQA+ en nuestra ciudad, no requiere ser aumentado, lo que se necesita es un verdadero y efectivo cumplimiento por parte de todas las autoridades que tengan injerencia.

Si bien las mujeres sufrimos diversas agresiones solapadas por un sistema patriarcal opresor que nos reduce a objetos, en el caso de las mujeres trans, quienes presentan una identidad no normativa, sufren una doble discriminación, producto de la misoginia y las connotaciones de odio que acompañan a este sistema, que las invisibiliza para ejercer derechos y las violenta cuando se hacen presentes, porque se vuelve necesario castigar al “hombre desviado” y así demostrar el poderío masculino.

Aunado a lo anterior, las mujeres trans tienen limitados muchos satisfactores básicos, ello debido a la falta de documentos oficiales acordes con su identidad de género, imposibilitándolas al acceso a la educación, servicios de salud, albergues, mercado laboral, etc.,  provocando que muchas de ellas opten por trabajos sexuales para poder sobrevivir, al no contar con redes de apoyo de familiares.

En el caso particular de Paola Buenrostro, la autoridad encargada de investigar su muerte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cometió diversas falencias que violentaron sus derechos fundamentales, si bien la resolución contempla a otra víctima indirecta a quien también le afectaron sus derechos, únicamente nos referiremos a las anomalías que se detectaron en dicha dependencia con motivo de la investigación de su asesinato.

La institución, al momento de investigar los hechos, no atendió a la perspectiva de género, metodología necesaria en este tipo de casos. En primer lugar, y como punto medular para la deficiente investigación, en ningún momento se consideró a Paola como una mujer, lo anterior a pesar de los testimonios de su mejor amiga quien indicaba que Paola era una mujer que así se había autoreconocido, por ello su comportamiento y su vestimenta era la de una mujer, porque ella se identificaba como una mujer. Sin embargo, para la autoridad ella era un hombre que contaba con documentos oficiales correspondientes a un varón, tal y como su cuerpo así lo indicaban. Con ese prejuicio inicial, la institución de procuración de justicia fue negando uno a uno varios derechos de Paola, a pesar de contar con normatividad especializada en el tema, con unidades específicas en dicha dependencia y con protocolos ex profeso para este tipo de delitos.

Pese a lo anterior, la autoridad ministerial no realizó diligencias tendientes a reconocer la identidad de género de Paola, negando con ello su existencia, porque para la institución Paola no existía, la persona de quien investigaban su muerte, correspondía al sexo masculino, se dedicaba a la prostitución y además se vestía de mujer.

La autoridad múlticitada, también violento los derechos de acceso a la justicia, respecto al derecho a la verdad, con el fin de esclarecer los hechos, ya que tomando en cuenta su prejuicio inicial, se presentaron negligencias al momento de recabar y levantar indicios del lugar de los hechos, así como en la formulación de la imputación durante la audiencia inicial en contra del agresor de Paola.

Con lo anterior la autoridad investigadora no incorporó en su investigación y en su argumentación ante el Juez de Control, todos aquellos elementos que permitirían vislumbrar que la muerte de Paola correspondía a un contexto y un escenario de violencia que perpetuaba los patrones culturalmente arraigados sobre las concepciones tradicionales de identidad de género, es decir, no existió una debida investigación que permitiera demostrar líneas de investigación que comprobarán o descartaran razones de género en la comisión delictiva, ni tampoco se realizó una debida argumentación, soportada con elementos probatorios, en ese tenor.

La autoridad tenía que demostrar al Juez que la acción del agresor, tenía una vinculación con los patrones de violencia contra las mujeres, reconociendo por supuesto a Paola, como mujer, en donde la visión heteronormativa del agresor, se había visto afectada en el momento en que Paola se sube a su vehículo y se da cuenta que se trata de un varón, resaltando con ello su misoginia y odio, porque en su ideario estaba contratado los servicios de una mujer y no de un hombre vestido de mujer.

De esta manera existió un incumplimiento en la obligación de realizar una investigación seria, exhaustiva y con enfoque de género, dejando de lado la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trans que son trabajadoras sexuales y los contextos de violencia que sufren las mujeres, permitiendo de esta manera, la no vinculación a proceso del agresor y mandando un mensaje de permisibilidad para este tipo de conductas a la sociedad.

Este tipo de resoluciones son de gran trascendencia porque vuelve a visibilizar la discriminación que viven las mujeres trans, así como distintos obstáculos que presentan en su vida diaria, pero sobre todo, esta recomendación en particular, reconoce y nombra una figura que desde el ámbito institucional, existía resistencia a reconocer, dentro de las agresiones contra las mujeres: el transfeminicidio.

Por desgracia, también este tipo de documentos nos demuestra que aún es complicado hablar de verdadero ejercicio de derechos y de una verdadera obtención de la justicia, inclusive se reconoce que “la existencia de un marco normativo garantista no es suficiente para encarar investigaciones con el prejuicio como hipótesis inicial y única de investigación. La forma en que se conducen actualmente [las autoridades], parece condenar la actuación de la procuración de justicia a generar una estadística, pero no a proteger el derecho a la verdad de las víctimas.”[2]

Al menos, hoy la voz de PAOLA BUENROSTRO, así con mayúsculas, en negritas y subrayado, y no del “occiso”, “Manuel N.N”, “sujeto masculino”, “conocido como ‘Paola’”, “nombre laboral ‘Paola’”, “la vestida” o el “sujeto masculino que vestía prendas de mujer”, vuelve a reclamar justicia y a exigirle a las autoridades que hagan bien su trabajo y dejen los prejuicios y los estereotipos a un lado para atender a una investigación seria e imparcial, que no es un favor que le hacen a la sociedad, se trata de una obligación mandatada en la constitución, en los instrumentos internacionales y en sentido común de todo operador de la justicia.

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[1] Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 02/2019, 19 de junio del 2019, disponible en: https://cdhdf.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/

[2] Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ob.cit., párrafo 281.

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