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El derecho a la identidad como un derecho humano

Por Norma Celia Bautista Romero, norma@humanismo.mx

Dentro de los derechos que resulta imperioso proteger dentro de la comunidad LGBTTTIQ+ es el derecho a la identidad. En términos generales este derecho guarda relación directa con figuras como el nombre, la nacionalidad y la filiación, y es comúnmente abarcado cuando se habla de la protección de niñas y niños en temas familiares y reconocimiento de paternidad.

Este derecho tiene un impacto en la forma de relacionarnos social y culturalmente, por ello es imposible desligarlo de otros componentes que conforman la identidad, ya que factores psicológicos también inciden en la forma como queremos proyectarnos en ese entorno de desenvolvimiento. Por otro lado, al estar en presencia de un derecho humano, así reconocido en el plano nacional e internacional, es necesario clasificarlo como un derecho personalísimo, que tiene como característica su interrelación con muchos otros derechos, entre ellos la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la imagen propia, la no discriminación, la igualdad y la igualdad jurídica, la intimidad y la vida privada.

Desde esta visión, un elemento más a considerar es la autonomía de las personas, quienes desde su autoidentificación exigen ser nombradas y tratadas a partir de esa autodeterminación, aun cuando la misma no coincida con sus documentos de identidad, dando lugar a la obligación estatal de respetar este ejercicio individual, pero sobre todo creando los insumos necesarios para materializar la proyección personal con la documentación oficial.

Sobre el particular, en nuestro país, se ha reconocido la existencia de un estándar internacional en relación a los procedimientos que deben implementarse a nivel estatal para lograr la congruencia entre la identidad de las personas y sus documentos oficiales: respetar la privacidad, ser sencillo, expedito y contar con una adecuada protección.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que estos procedimientos deben ser administrativos y no judiciales, ya que los segundos atentarían innecesaria e indebidamente, contra el derecho a la intimidad o la vida privada, cuando la información que conlleve el procedimiento deba hacerse pública. Por su parte un procedimiento administrativo es el más adecuado ya que además de resguardar los pormenores de cada caso, permite tener requisitos menos onerosos y sin tanto rigor jurídico.

Sobre este tema, el máximo tribunal de nuestro país, ha establecido que el procedimiento administrativo debe tener los siguientes requisitos: a) Estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se le exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) ser confidenciales y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y documentos de identidad no deben reflejar la identidad de género anterior; d) Ser expeditos y, en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad; y e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/u hormonales.[1]

La idea central de una reglamentación que reconozca, regule y establezca los procedimientos adecuados para los fines antes mencionados, válida la expresión de individualidad, además de dar pie a la eliminación de coacciones o controles injustificados que impidan el ejercicio de un derecho. Parafraseando a Bouventura de Sousa Santos[2], este tipo de disposiciones o mecanismos, dentro de un país que reconoce la conformación multicultural y diversa de sus ciudadanos, obliga a cuestionar las visiones hegemónicas de un solo conocimiento válido, para trascender a una democracia intercultural en donde la demodiversidad está presente en el quehacer del Estado.

Esta idea se rescata, porque sin lugar a dudas, un Estado que no garantiza este derecho fundamental, permite que las condiciones que oprimen a estos colectivos se perpetúen, limitando el acceso, primero, a satisfactores básicos y esenciales para cualquier individuo, que sin ellos, en un segundo momento, el ejercicio de cualquier otro derecho se encuentra en franca limitación o inexistencia, en casos más graves.

La falta de reconocimiento de esas identidades, que no se alinean a la norma hegemónica, las invisibiliza y les niega la materialización de planes de vida, por ello el actuar del Estado también debe repercutir en la eliminación de prejuicios y estereotipos aún presentes en diversos campos de la cotidianeidad, desde el plano privado y el público, evidentemente.

Esto último se resalta debido a la falacia que podrían caer ciertas autoridades para negar o restringir el derecho a la identidad, en miras a proteger los derechos de terceros o el orden público, como por ejemplo matrimonio, sucesiones, relaciones labores, servicio militar, filiación, actos contractuales, antecedentes penales; sin tomar en cuenta que los mismos pueden ser garantizados mediante otros mecanismos de diversa naturaleza, pero nunca por aquellos que impliquen o permitan la afectación a los derechos fundamentales de quienes han solicitado la reasignación sexual.

Finalmente este derecho se encuentra reconocido en nuestro país, sin embargo las regulaciones locales no son homogéneas y en algunos casos no se cuentan con reglamentaciones específicas o se interpretan de manera errónea, esto impide que el derecho se pueda ejecutar y se deban acudir a las herramientas jurídicas de defensa, pero se olvida que no todos pueden acceder a ellas y de nuevo revictimizamos.

Pendientes hay varios, nos urge trabajar más en la sensibilización, formación y capacitación de la sociedad y de los servidores públicos, pero también que no se olvide que hay responsabilidades claras tanto para la federación como para las entidades federativas a partir del artículo primero constitucional, no atenderlas genera responsabilidad a nivel interno, pero también en el internacional, esto es más complicado que mirar sus propias normas y desaplicar las que atentan contra los derechos humanos de quienes protestaron proteger.

Para más información y comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Tesis: 1ª.CCXXXII/2018 (10ª.), Registro digital 2018671.

[2] Boaventura de Sousa, Santos y Mendés, José Manuel, Demovidersidad, Imaginar, nuevas posibilidades democráticas, Akal, Epistemologías del Sur, España, 2017.

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