martes , noviembre 19 2019
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Cuando los derechos humanos se convierten en banderas políticas

Por Norma Celia Bautista Romero, norma@humanismo.mx

En este espacio hemos reiterado que los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, al igual que los derechos en general, no se tratan de concesiones del Estado, no es éste quien por su buena voluntad decide otorgarlos, esos derechos son reclamos sociales que requieren ser reconocidos, protegidos y garantizados.

En nuestro país, gracias al activismo de muchísimos colectivos, contamos con disposiciones normativas que protegen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sin embargo, pareciera que cuando damos un paso hacia delante, retrocedemos cinco cuando las consignas políticas interfieren en la protección estatal, que dicho sea de paso también se trata de obligaciones que debe atender el Estado Mexicano.

Así tenemos que en Tlaxcala la semana pasada se aprobó una reforma al artículo 559 del Código Civil Estatal con el objetivo de garantizar a la población LGBTTTI, la modificación de sus datos personales asentados en las actas de nacimiento mediante un procedimiento administrativo que permita cambio el nombre y género para tener concordancia con la identidad de género expresada por el solicitante. Por su parte a finales del mes de agosto del presente año se estaba aprobando en el Congreso Local de Oaxaca, el matrimonio igualitario.

Sin lugar a dudas este tipo de determinaciones nos habla de los compromisos atendidos de nuestras autoridades respecto a la protección y reconocimiento de derechos, pero también nos dice mucho de cómo son vistos para estos entes, ejemplo de ello lo tenemos en el Estado de Puebla, en donde el actual gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, envió la semana pasada al congreso de la entidad una iniciativa de reforma al Código Civil estatal en la cual excluye a los matrimonios igualitarios.

El actual gobernador con anterioridad, en su cargo como senador, se había pronunciado a favor de esta figura jurídica que brinda protección a las parejas del mismo sexo que deciden formar un hogar fuera de las figuras del concubinato o cualquier otra que haya sido creada mediante disposiciones normativas con el objetivo de asimilarse al matrimonio civil.

Pasando por alto lo ya manifestado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en 2015 señalo que definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, es considerado inconstitucional; la reforma propuesta por el gobernador aún cuando excluye el supuesto de la procreación, mantiene que se trate de un contrato celebrado sólo entre parejas de sexo distinto.

Resulta curioso como el pensamiento político y las convicciones sean tan volátiles dependiendo de los cargos públicos en los que nos encontremos, sin embargo se pasa por alto algo que la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos fundamentales, de conformidad con nuestra Carta Magna, no depende de la bancada que representemos o del puesto donde la ciudadanía nos ha puesto, se trata de una obligación expresa, que esta sujeta a rendición de cuentas.

Hoy día el gobernador de Puebla debe explicar las razones por las cuales ha emitido una iniciativa que limita los derechos de la comunidad LGBTTTI, desatendiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo debe una explicación de cómo su cambio de cargos ha cobrado factura en su ideología por encima de sus obligaciones como mandatario.

Para más información, comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 

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