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Terapia de conversión: una moda que transgrede

Por Ana Lucía Borges Arroyo

En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría suprimió la homosexualidad de su Manual oficial (Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders, DSM), mismo que detalla los trastornos mentales y emocionales. De este modo la homosexualidad fue reclasificada como una “conducta normal”, pese a ello no es sino hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud determina retirarla de su lista de enfermedades mentales.

A pesar que han transcurrido varias décadas de estos cambios, tanto en México como en otros países, aún se considera un trastorno que puede ser atendido y eliminado a través de terapias psicológicas, psiquiátricas y/o religiosas, a estos “métodos” se les conoce como Terapias de conversión de homosexuales, de Reconversión, ExGay o Reparativas. La finalidad de estas terapias es “corregir” y “curar” la homosexualidad con tratamientos utilizados para personas con adicciones a drogas y alcohol, sin embargo cada método es diferente y no se conoce a cabalidad las técnicas utilizadas para ejecutar este tipo de “correcciones”.

El principio 18 de Yogyakarta, relativo a la protección contra abusos médicos señala que ninguna persona puede ser obligada a recibir tratamiento, procedimiento o a permanecer confinada en un centro médico por su orientación sexual o identidad de género porque no es una condición que debiera ser tratada, curada o suprimida, por ende los Estados deben garantizar la protección de las personas contra este tipo de procedimientos o investigaciones médicas carentes de principios y de ética, además en muchos de los casos no son consentidos por las personas que reciben dicho tratamiento, así mismo es indispensable garantizar que las personas afectadas cuenten con toda la información a su alcance[1]. Los principios Yogyakarta son un instrumento internacional que recoge los principales derechos de la comunidad LGBTTTI y por ende los Estados deben atenderlos.

En México aún no existe una regulación expresa para este tipo de terapias o de los centros en donde se imparten, la falta de información sobre los mismos hace que la reglamentación sea prácticamente imposible, sin pasar por alto que existe la obligación estatal para garantizar el derecho a la no discriminación, lo que implicaría que de existir este tipo de ordenamientos reguladores para incorporar la legalidad de dichos lugares o sesiones psicológicas y/o psiquiátricas sería ir en contra de nuestra Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por México, pese a ello es necesario llevar a cabo medidas más energéticas para evitar la proliferación de estos lugares tomando en cuenta el mandato al que hemos hecho referencia, pero también se deben investigar los delitos que se comenten al interior de estos establecimientos.

En 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) publicó la “Investigación sobre la atención de personas LGBT en México” donde se establece que un tratamiento sin justificación médica puede producir afectaciones a la vida, la libertad y la integridad. El 13% (53 personas) de la población LGBTI+ encuesta da ha sido obligada a tomar medicamentos, recibir tratamiento o realizarse algún procedimiento sin consentimiento alguno, además 9 personas fueron privadas de su libertad en centros de salud por su condición LGBTI+.[2]

Por su parte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió el pronunciamiento 01/2017 en el que concluye que dichas terapias transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, estigmatizando la homosexualidad y contribuyendo a la homofobia; la CDHDF se manifestó a favor de este pronunciamiento y emitió un comunicado celebrando dicho documento.

A finales de 2017 el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa de Ley para prohibir terapias que pretendan cambiar la orientación sexual de las personas, agregando la fracción Quáter al artículo 149 del Código Penal Federal sancionando con uno a tres años de prisión a profesionales de la salud que incurran en estas prácticas y se les suspenda de su profesión hasta por tres años, de dos a seis años de prisión, al padre, madre o personas que estén bajo guarda, custodia o tutela de un menor de dieciocho años y que lo sometan a tratamientos, servicios o terapias que pretendan cambiar su orientación sexual, privándolos de los derechos de patria potestad[3], estaremos pendientes a lo que determine la Comisión Dictaminadora.

Observamos que también es necesario legislar sobre las personas que incurran en estas prácticas como  coaches, motivadorxs, espiritistas y religiosxs, quienes también promocionan y son participes más allá de la ética profesional y personal. 

Pocos se atreven a denunciar por que han sido coaccionados por familiares y amigos para aceptar dicho tratamiento,  decenas de testimonios dan cuenta de lo que se vive, y de las consecuencias que genera pudiendo llegar inclusive al suicidio, ahí la importancia de la prohibición de dichas prácticas, si bien la iniciativa en comento es un avance, sin embargo como sociedad hay que fomentar la denuncia para evitar que estos abusos sigan perpetuándose y violentando los Derechos Humanos de tantos niñxs y personxs que día a día luchan por reconocerse y ser reconocidos, sigamos avanzando con todxs en esta lucha.

Para más información, comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 


[1] Principios Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Adoptados en la reunión de especialistas en derechos humanos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia del 6 al 9 noviembre de 2006. Recuperado de http://yogyakartaprinciples.org/principle-18-sp/

[2] Carraca Pérez Gloria Angélica, Coord. Investigación sobre la atención de personas LGBT en México Archivó PDF). Recuperado de http://www.ceav.con.mx/wp-contener/uploads/2016/06/Investigado%C3%83%C2%Bn3-LGBT-Documento-Completo.pdf

[3] Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4877-IV, 2017 octubre 3, Que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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