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Sobreviven entre pobreza, marginación, abusos y carencias

La gran deuda con los pueblos originarios

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informa que 71.9 por ciento de la población indígena (8.3 millones de personas), se encontraban en situación de pobreza en 2016, y más de 3 millones de ellas presentaban tres o más carencias sociales y no tenían la capacidad económica de adquirir la canasta básica. esto de acuerdo con datos del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 .

Para la atención prioritaria para la población indígena el Coneval sugiere que es necesario transitar a un enfoque de inclusión plena, en el que, cualquier persona del país tenga las mismas oportunidades de desarrollo, por ello se deben implementar políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que contribuyan a mejorar sus capacidades para que compitan en el mercado laboral y así, además de impulsar el empleo de calidad, puedan acceder a la seguridad social, así como diseñar e implementar políticas públicas que respeten los patrones culturales y tradiciones de los pueblos indígenas y que promuevan sus valores culturales como fuente de identidad.

Datos oficiales detallan que hasta 2015, seis estados del país concentraban el 64.8 por ciento de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán. De ellos, cinco tenían niveles de pobreza superiores al porcentaje nacional (43.6 por ciento), solo en Oaxaca y Chiapas los porcentajes eran entonces de 70.4 y 77.1, respectivamente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que la tutela efectiva de los derechos de la población indígena no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas en el país y reconoce que subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas; violencia de género contra niñas, niños y adolescentes indígenas; feminicidios contra mujeres indígenas y resistencia social y comunitaria a la participación política de las mujeres indígenas.

También, falta de reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y la inobservancia del derecho a la consulta libre, previa e informada, ausencia de empleos bien retribuidos y tolerancia del trabajo infantil y sus peores formas, falta de regulación de las empresas trasnacionales extractoras de recursos naturales (mineras y eólicas), dificultad en el acceso a la justicia de las personas indígenas, incluida la problemática de personas indígenas en reclusión.

Algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indígenas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluyendo a personas jornaleras indígenas, son, entre otros: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indígenas; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano y degradante; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad; detención arbitraria; omitir proporcionar atención médica; omitir proporcionar intérprete o traductor si no habla el idioma, y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 75.6% de las 39,101 personas entrevistadas en sus hogares considera que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente; y 49.3% estima que los derechos de esa población son poco o nada respetados, mientras que el 40.3% de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, recibió insultos, burlas o le dijeron cosas que le molestaran, recibió amenazas, empujones o jaloneos o le obligaron a salir de una comunidad.

¿Qué hizo la actual administración?

El miércoles 12 de junio de 2013, el periódico Milenio publicó una nota en la que daba detalle de los requerimientos que la recién nombrada titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Magdalena Mayorga Delgado, solicitó para la remodelación de sus oficinas: más de 7 millones de pesos.

Tal acción, se argumentó entonces, “va a permitir, en primer lugar, que la representante de la entidad cumpla con los objetivos y metas de esta comisión en beneficio a la población indígena”. De inmediato hubo señalamientos, pues nadie entendía cómo es que la compra de libreros de 127 mil pesos; sillas de 36 mil; una cocineta de 62 mil, un mueble para pantalla de casi 49 mil pesos; un sofá de 60 mil pesos y demás, podrían beneficiar a los pueblos indígenas de México. En el requerimiento planteado se argumentaba que “espacios funcionales e integrales van a brindar mejores condiciones laborales tanto al personal directivo, operativo y público usuario en general, convirtiéndose en un factor de productividad y eficiencia”.

Esto pasó hace casi seis años…

Hostigamiento y acoso sexual

La CNDH informó este jueves que emitió una recomendación al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), generada por el hostigamiento y acoso sexual que enfrentaron dos mujeres indígenas nahuas por el único médico adscrito a la Unidad Médica Rural 152 del IMSS, ubicada en la Huaxteca, Chichiquilla, Puebla.

El ombudsman nacional explicó que en un caso y en palabras de la víctima, de 21 años, que se desempeñaba como “voluntaria de salud” del Proyecto “IMSS-Prospera” en la UMR152, el médico le hizo de manera constante comentarios, bromas sugestivas, preguntas intrusivas y de índole sexual acerca de su cuerpo y vida privada, lo que le generó temor, provocó que dejara de ser voluntaria y de acudir a la clínica. El otro caso se refiere a la víctima de 28 años, quien acudió a consulta prenatal con el médico, quien se opuso insistentemente a que su cuñada la acompañara en la consulta, en la cual le realizó preguntas sobre su historia clínica y le hizo cuestionamientos y comentarios indebidos sobre su vida sexual privada, lo que ocasionó que la agraviada se sintiera intimidada y decidiera no regresar a la clínica hasta el nacimiento de su bebé, lo que ocurrió cuando el médico ya no estaba adscrito a dicha unidad.

La CNDH encontró los casos de otras dos mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y obstétrica por dicho médico; una, porque en acuerdo con su familia determinó que su hijo naciera en un hospital particular y al comunicar al médico su decisión éste la atendía de mal humor y no la recibía a tiempo cuando acudía a la cita, quien por cuestiones de tiempo no continuó con el procedimiento. La otra paciente mencionó que en una de sus consultas prenatales el médico la revisó físicamente, ella consideró que no había necesidad y que el tacto fue inadecuado, por lo que posteriormente optó por asistir a las revisiones acompañada. Sin embargo, por medio de un escrito dirigido a personal de este Organismo Nacional señaló que no deseaba continuar su queja, esta decisión ocurrió después de que se llevó a cabo el proceso laboral del IMSS contra el médico, en donde fue interrogada y sin que se le permitiera declarar en relación a los hechos.

El médico se expresaba con vocabulario obsceno, realizaba tocamientos indebidos en las partes íntimas de las pacientes y había maltrato, por lo que la CNDH ante tal información consideró que existía la posibilidad de que las conductas de acoso y hostigamiento sexual pudieron haber afectado a otras mujeres con las que se relacionaba en su ambiente de trabajo. En el informe de la misma Encuesta, el IMSS señaló que existía “un número indeterminado de mujeres que no desearon realizar quejas por escrito por miedo a represalias y, sobre todo, porque el doctor en cuestión las amenazó comentando que tiene abogados y cuenta con el apoyo de su sindicato.

La CNDH recomendó al Director General del IMSS reparar el daño a las dos agraviadas e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; otorgarles atención psicológica hasta que alcancen su estado de salud psíquica y emocional; capacitar al personal de IMSS-Prospera en el estado de Puebla en materias de ética profesional y violencia sexual con perspectiva de género.

 

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