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Proponen a Indígena con discapacidad de la diversidad sexual para presidir CONAPRED

Comunicado del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico

Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó que propondría a una “mujer indígena”para dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), organizaciones defensoras de derechos humanos y no discriminación en Querétaro, como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico, a través de un comunicado, propusieron a la antropóloga Amaranta Gómez Regalado para ser presidenta del CONAPRED por ser indígena, muxe, persona con discapacidad e integrante de la diversidad sexual, debido a que las múltiples formas de discriminación a las que se ha enfrentado le dan una mayor sensibilidad para trabajar a favor de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad afectados por las discriminaciones.

En ese sentido y dentro del mismo comunicado, la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro, una de las más de 10 organizaciones que conforman el mencionado frente antidiscriminatorio en la entidad, puntualizó que Amaranta Gómez es un perfil incluyente, con experiencia, amplio conocimiento en los temas de derechos humanos y no discriminación, así como con una gran cercanía con los grupos afectados por la discriminación en el país y eso permitiría el fortalecimiento del CONAPRED para prevenir y erradicar la discriminación que afecta los derechos humanos, así como constitucionales de las personas.

Finalmente, el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico recordó que Amaranta Gómez cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones de derechos humanos y no discriminación a nivel nacional como la Coalición Mexicana LGBTTTI+, formada por más de 200 activistas de los 32 estados del país.

La citada coalición aseguró que, de llegar a la presidencia del CONAPRED, Amaranta Gómez podrá contribuir a que las instituciones pongan en el “centro de las políticas públicas la dignidad de las personas”, además de fortalecer dicha institución buscando la ampliación de sus alcances jurídicos para que “estén en condiciones de sancionar correctamente los actos de discriminación”.

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