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NUEVO PROTOCOLO NACIONAL EN CASOS QUE INVOLUCREN ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO

Comunicado conjunto

Para tener una procuración de justicia igualitaria, debe considerarse el contexto social de opresión hacia personas LGBTI; por eso la PGR institucionalizó un enfoque diferencial y especializado a favor de esa comunidad, destacó Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en Suplencia del Procurador General de la República.

Al presentar el “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, Elías Beltrán dijo que con la colaboración de diferentes organizaciones y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), hoy se traduce en un instrumento para brindar un mejor servicio de procuración de justicia en dichos casos.

Mencionó que el Protocolo Nacional de Actuación es resultado del trabajo entre las 33 procuradurías y fiscalías, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se atendieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su Informe sobre Violencia contra personas LGBTI en América 2015.

La Presidenta del CONAPRED, Alexandra Haas Paciuc, destacó que este protocolo es resultado del compromiso asumido por el gobierno federal con organizaciones civiles LGBTI en mayo del 2016, para una justicia sin discriminación.

Refrendó la importancia que reviste el protocolo, al mencionar que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 reveló que siete de cada 10 personas consideraron que los derechos de las personas LGBTI se respetan poco o nada en México.

Por ello, expuso que el protocolo es ejemplar como política pública por su alcance nacional, porque cuenta con una estrategia de implementación y difusión amplia, porque es resultado del esfuerzo conjunto entre sociedad civil y gobierno y, finalmente, porque pone el combate a la discriminación en el centro de las acciones para prevenir la violencia por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.

Elías Beltrán agregó que este instrumento -publicado en febrero pasado se suma al conjunto de acciones afirmativas impulsadas para hacer realidad la igualdad en los derechos de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad; en este caso, el de garantizar el acceso a la justicia igualitaria de la comunidad LGBTI.

Aseguró que su instrumentación trae consigo múltiples beneficios para las instituciones de procuración de justicia y, sobre todo, para esta comunidad, como visibilizar a aquellas personas de la diversidad sexual o de género; sensibilizar a servidores públicos; y erradicar prejuicios, estereotipos o estigmas sociales hacia la comunidad LGBTI.

También permite brindar elementos para identificar si un delito es cometido por prejuicios; y desarrollar el Estándar de Debida Diligencia, igualmente sugerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya aplicación ayuda a perfeccionar las actividades ministeriales y de investigación.

Además, dijo, sirve para combatir la discriminación estructural y la violencia que subsiste hacia esta comunidad; y promueve contar con especialistas en trabajo social y psicología que puedan auxiliar en la investigación, brindar atención y acompañar a las víctimas.

Igualmente subrayó que el Protocolo de Actuación no surtirá los efectos esperados si no se acompaña de capacitación, para lo cual existe una estrategia propuesta, tanto por el CONAPRED como por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Así como su difusión, a fin de que el Protocolo sea conocido por el mayor número de personas, por lo que en colaboración con diversas instituciones, ya se desarrolla una estrategia para generar materiales y contenidos con lenguaje ciudadano e incluyente, que lo ponga al alcance de la sociedad.

Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, refirió que desde que empezó este proyecto, el CONAPRED y la sociedad civil se acercaron y confiaron en la PGR para construir el protocolo.

Asimismo, refirió que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han trabajado para el cambio de mentalidad en los fiscales y procuradores, para entender los criterios de cómo se podían identificar los delitos cometidos por discriminación.

“Tenemos que llegar a la sensibilización en las procuradurías y en cada una de las fiscalías así como en su personal. Tenemos que seguir la sensibilización en todos los niveles como el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a lo que cada quien es, eso es lo único que nos va a ayudar a construir una cultura de paz”, refirió. 

Horacio Franco, Flautista Mexicano y Activista por los Derechos de las Personas LGBTI, dijo sentirse orgulloso de que la PGR haya lanzado un  Protocolo de tales dimensiones, y no ser invisibles para la sociedad toda vez que la comunidad LGBTI es un reflejo fiel de la polarización de la sociedad mexicana.

“Nosotros mismos como comunidad LGBTI nos tenemos que educar a nosotros mismos, pero eso es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad conjunta. Gobernemos todos y procuremos la justicia todos nosotros porque somos capaces de hacerlo y porque tenemos las armas”, enfatizó. 

También estuvieron presentes Gloria Angélica Careaga Pérez, Directora y Fundadora de Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual; y Alejandro Brito Lemus, Director General de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.      

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