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Mujeres víctimas del caso Atenco ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un largo camino por la justicia y la dignidad

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

El pasado 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Sentencia del Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México sometido a su jurisdicción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2016.

El operativo del caso Atenco, hecho que dio origen al presente caso solo vino a ser el resultado de una serie de enfrentamientos entre habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco pertenecientes al estado de México que tenía como objetivo impedir que los pobladores floricultures se ubicaran en puestos en la vía pública. Cabe señalar que estos hechos también se dan en el contexto de diversas manifestaciones de las personas originarias del lugar en contra del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en terrenos ejidales pertenecientes a San Salvador Atenco, que días antes había anunciado el gobierno federal. Esto, originó la conformación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como movimiento en contra del proyecto, entidad federativa que por cierto era gobernada por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en diversas ocasiones se posicionó justificando el uso de la fuerza para erradicar estos enfrentamientos.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 en el operativo participaron policías federal, estatal y municipal del Estado Mexicano enfrentándose a pobladores del lugar, mismos que ocasionaron la muerte de dos personas, casi doscientas personas detenidas y una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos de la población. La mayor parte de las personas detenidas denunció abusos policiales, agresiones físicas, amenazas de muerte, golpes y violaciones sexuales en el caso de las mujeres.

El caso llego a conocerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ejercicio de su facultad de atracción donde el Alto Tribunal reconoció el uso de la fuerza pública excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional, indolente hacia el respeto a los derechos humanos de la población. La Sentencia de la SCJN determinó que cincuenta mujeres fueron detenidas de las cuales treinta y una denunciaron haber sido víctimas de agresiones, abusos y violaciones sexuales. Por su parte, las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron la existencia de múltiples detenciones arbitrarias, allanamientos y abusos sexuales.

Once de las mujeres víctimas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denunciando estas violaciones a la CIDH, quien emitió algunas recomendaciones al Estado Mexicano y ante su desacato y de conformidad por lo dispuesto en el procedimiento previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su Reglamento, luego del agotamiento de los recursos judiciales internos de los Estados, sometieron el asunto a la Corte IDH.

La sentencia de la Corte incorpora los aterradores testimonios de las víctimas en las audiencias celebradas como parte de las pruebas, mismas que muestran las narraciones de las mujeres durante la detención, el traslado e ingreso al centro de detención, los exámenes médicos y peritajes practicados a las mujeres donde los servidores públicos muestran una absoluta y total actuación misógina y humillante, por supuesto cargada de violencia.

Durante el procedimiento ante la Corte, el Estado Mexicano reconoció la responsabilidad internacional por la violación de todos los derechos alegados por la CIDH y por los representantes de las víctimas, esto es, por la violación al derecho a la integridad personal y a la vida privada, el derecho a no ser torturada y a vivir una vida libre de violencia, violaciones  física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sexual, así como tratos denigrantes e invasión de su vida privada y la falta de atención médica adecuada.

 La Corte IDH por su parte reconoció la responsabilidad del Estado Mexicano por la vulneración a diversos derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Convención Interamericana contra la Tortura y por la Convención de Belém do Pará. En materia de reparación integral a las víctimas,  la Corte ordenó al Estado Mexicano continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas. Asimismo, su obligación de brindarles  de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico. Cabe destacar que también ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, disculpas públicas a las víctimas y la indemnización por daños materiales e inmateriales, principalmente.

La ejecución de la sentencia todavía espera un largo recorrido para cumplimentarse en todos sus términos. Cabe resaltar que no se trata de la única sentencia dirigida a México por violencia contra las mujeres. Entre ellas encontramos el caso “Campo Algodonero” en 2009 y los de Fernández Ortega y Rosendo Cantú en 2010, que, en su conjunto evidencian la impunidad y la violencia institucional y patriarcal del Estado. También se observan las contradicciones del discurso de las leyes y su ineficacia. De esa forma, el Estado tolera prácticas ilegales mediante la institucionalización de la violencia y la legitimación del uso de la fuerza desporporcionado.

Además de lo anterior, las violencias casi inscritas en los cuerpos de mujeres han sido parte de  la realidad de muchas de nosotras en todo el mundo. Cuerpos apropiados, violentados y torturados, esta acción por supuesto entendida como un mecanismo de dominación en las lógicas de poder patriarcal del Estado.

Estas once mujeres y el resto de mujeres de las que a veces no  escuchamos su nombre  han pasado de ser víctimas  a defensoras. Ante esta violencia que cimbra y que nos aqueja todos los días  en nuestras propios hogares, en la calle, en nuestros trabajos, que por si fuera poco se reproduce en las instituciones, nos exige estar atentas en  los espacios donde podemos incidir para ser agentes de cambio y hacernos  presentes en la  lucha y defensa de la vida, la justicia y la dignidad.

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