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MOVILIZACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTI

Por: Zeltzin Y. López Rodríguez, zeltzin@humanismo.mx

Desde la década de 1960, el movimiento de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales ha logrado la reivindicación de un conjunto de derechos que reconoce su diversidad, pero sobre todo el principio y derecho a la no discriminación. Detrás de todo esto se encuentran luchas de colectivos que han prosperado en los últimos decenios en la defensa de sus derechos humanos.

A partir del año 2010 se ha vivido una ola de institucionalización de derechos de la comunidad LGBTI en América Latina: países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y México han evolucionado, gracias a reformas igualitarias, como por ejemplo la adopción por parte de parejas del mismo sexo, entre demás escenarios.

A pesar de este y demás logros, los retos siguen siendo mayúsculos, ya que en todo el continente se reproducen violencias físicas, simbólicas e institucionales, que se agravan aún más cuando la discriminación homofóbica se cruza con otros tipos de discriminación como la raza, clase social, etc.

La literatura ha sido clara en demostrar que, mas allá de los tratados de derechos humanos o leyes que los propios Estados han adoptado, es la movilización coordinada y sostenida la que genera procesos de cumplimiento y garantía de los derechos. Si bien la acción colectiva es un factor fundamental para la exigencia del reconocimiento y respeto efectivo de los derechos, un problema poco tratado en las investigaciones es el relacionado con la contramovilización y disputa por la institucionalización de derechos humanos en los Estados.

Los estudios que hablan de “la revolución de los derechos LGBT en América Latina” muestran que estos cambios legales tomaron por sorpresa y poco preparados a los grupos conservadores, por lo que la resistencia ejercida no fue efectiva desde un inicio; sin embargo, según los balances realizados hasta el momento, “hay muchas señales que indican que los grupos conservadores han aprendido de las nuevas lecciones, ahora emergiendo con más determinación y mejor equipados institucionalmente para resistir los cambios”. (ONU,2013)

Al perder cada vez más las disputas frente al reconocimiento de la diversidad sexual y la no discriminación en el marco internacional de los derechos humanos, la Iglesia católica y otras iglesias protestantes se han movilizado a gran parte de sus creyentes para incidir en los procesos políticos nacionales, resistir a las transformaciones, elevando los costos de la institucionalización de los derechos humanos y cayendo en conflicto con la comunidad LGBTI, estos conflictos por los derechos LGBTI no son sólo una de las principales disputas por los derechos civiles del siglo XXI, sino el principal problema de la relación Iglesia-Estado de nuestro tiempo, justo ahora que la región está experimentando un avivamiento religioso y conservador, pero los colectivos LGBTI no han callado sus exigencias por el respeto a sus derechos humanos.

Los cambios de régimen político y la consolidación del gobierno representativo en América Latina, junto con las transformaciones del régimen internacional de los derechos humanos y su impacto en los ordenamientos constitucionales de los Estados, han permitido que los actores colectivos enarbolen, con cada vez más consistencia, la defensa de derechos..

Los derechos humanos ofrecen recursos a los que apelan estratégicamente los actores colectivos, construyendo marcos de demanda que pueden traducir problemas locales en un lenguaje universal, con posibilidades de incidencia nacionales e internacionales. Estos recursos y nuevos vocabularios de demanda son posibles gracias a las oportunidades políticas y jurídicas que se abren con el reconocimiento internacional y nacional de las normas y tratados de derechos humanos, estructurando una interacción entre oportunidades nacionales e internacionales, políticas y jurídicas. En este escenario, los tratados y convenciones internacionales en la materia, específicamente los referidos a igualdad y no discriminación, permitieron a los movimientos LGBTI orientar sus acciones en el marco de la demanda de respeto. En especial desde la década de 1990, los movimientos de la diversidad sexual hicieron un fuerte énfasis en los rasgos de identidad que defendían, argumentando que su desconocimiento es un acto de discriminación y, por tanto, un trato no igualitario.

En los últimos años, luego de la Resolución 17/19 de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el marco internacional de los derechos de las minorías sexuales ha sido más claramente definido y se han asignado responsabilidades directas a los Estados, como a) proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfobia, b) prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas LGBTI, c) despenalizar la homosexualidad, d) prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, e) respetar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Si bien la movilización por los derechos LGBTI ha obtenido conquistas trascendentales a través del activismo legal, la reacción conservadora ha dado forma a una contramovilización sostenida que ha limitado el avance en el reconocimiento político de las minorías sexuales. Estos conflictos han puesto nuevamente en el centro de las disputas la concepción de un Estado laico frente a la promoción de valores asociados a creencias religiosas.

Es necesario ampliar las investigaciones para comprender cómo la reacción social por medio de grupos conservadores está siendo reorientada o adquiere estrategias particulares en contextos diferenciados. Si bien el marco de los derechos humanos es un componente esencial en la defensa de las minorías sexuales, la invocación de los derechos a la no discriminación y la identidad puede sufrir grandes limitaciones debido a la cada vez mayor resistencia conservadora en los contextos políticos nacionales.

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Artículo publicado originalmente en: https://www.theguardian.com/ escrito por Gabrielle Bellot

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