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Migrantes transgénero: violencia y discriminación (2a parte)

Tomado de un reportaje especial de Ana Luisa Guerrero en la Agencia Informativa CONACyT

En su ideario, Stephanie Nicole consideró que México sería el país donde podría ser libre e iniciar una vida tranquila, pero no ha sido así. Solicitó refugio político ante la Comar y le fue rechazado; tramitó el recurso de revisión, pero obtuvo otra respuesta negativa. Solo consiguió que se le otorgara la visa humanitaria con vigencia de un año.

En 2016, ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación recibió 8 mil 781 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, pero solo fue otorgado a dos mil 772 personas, mientras que concedió tres mil 632 visas humanitarias. Actualmente no hay estadísticas de cuántos de estos recursos fueron para personas transgénero. Y aunque esta ayuda internacional les permite vivir en México sin el temor de ser detenidas y deportadas a sus países de origen, no les garantiza el acceso a servicios de salud, vivienda o al trabajo formal. Una vez instaladas aquí, las mujeres transgénero centroamericanas deben sortear múltiples obstáculos.

El primero es la discriminación, pues el imaginario social las señala como trabajadoras sexuales o portadoras de VIH, a pesar de que en los últimos años ha habido un intenso trabajo gubernamental y de asociaciones civiles en temáticas de diversidad sexual, apunta Miguel Lucero, doctorando de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y quien realiza una investigación desde un enfoque sociológico sobre el desplazamiento forzado de las mujeres trans migrantes de Honduras y El Salvador.

Refiere que esta población demanda oportunidades laborales, pero es segregada del ámbito formal por prejuicios sociales, y para subsistir terminan ejerciendo el trabajo sexual, con los riesgos que implica esta actividad para su salud y seguridad.

Nakay Flotte, activista de Diversidad sin Fronteras, un colectivo que acompaña a migrantes LGBTI en México, indica que muchas de las mujeres transgénero que se establecen en la Ciudad de México terminan laborando en Puente de Alvarado —una zona de tolerancia para el comercio sexual de personas LGBTI— donde deben pagar una cuota semanal de 300 pesos, expuestas a redes de trata y al tráfico y consumo de drogas.

“Cuando entras ahí es muy difícil salirte y la mayoría de estas chicas no quieren esa vida, pero dadas las condiciones, se ven obligadas a trabajar solo de eso”, agrega.

Aquellas con mayor suerte son contratadas de ayudantes en restaurantes o cocinas económicas, como personal de limpieza o asistentes en comercios; en Tijuana, una de las ciudades mexicanas a donde más se desplazan, las contratan para la fabricación de artesanías y manualidades.

En su intento por sobrevivir, las migrantes trans se desplazan a urbes grandes y diversas como Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, donde es más fácil invisibilizarse y moverse con mayor libertad. Sin embargo, ahí también deben desafiar problemas severos, como conseguir un sitio donde vivir, pues pocas logran que les sea rentada una casa.

Por ahora, a sus 19 años, Stephanie Nicole centra su esperanza en el país de las barras y las estrellas, “pensando de manera positiva” que pronto podrá vivir libremente y, por qué no, hacer realidad el sueño de convertirse en actriz.

“Raros”, “enfermos” o “anormales” son algunos de los adjetivos con que se tilda a las personas trans, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) integra el diagnóstico “transgénero” en el capítulo de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

Culturalmente se define el género a partir de la diferencia sexual, basándose en los atributos, roles y comportamientos de acuerdo con el sexo: una concepción binaria hombre-mujer. Así, las expresiones diferentes a la heterosexualidad transgreden los parámetros sociales, por lo que son objeto de marginación.

Por ser visto como una anomalía, investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México, han obtenido evidencia científica de que el transgénero es una condición y no una enfermedad, con la cual pretenden que el organismo internacional lo elimine de esa categoría.

El estudio, publicado en The Lancet Psychiatry, evaluó a 250 adultos transgénero mostrando que el estrés —provocado por rechazo y violencia social (distrés)— y la disfunción que sufren, son producto de la estigmatización y los malos tratos a los que se enfrentan en los distintos ámbitos sociales, y no a su identidad sexual.

El nivel de distrés que presentan las personas trans es explicado por el rechazo familiar —comenta Ana Fresán Orellana, investigadora del INPRFM—, pues aquellos que experimentaron marginación en su hogar tenían cinco veces más probabilidad de padecerlo; en tanto que el deterioro social se explica por la exclusión de sus compañeros y la violencia física que vivieron.

Concluyeron que no es la condición transgénero por sí misma la que conlleva al distrés y al deterioro funcional, sino la violencia y discriminación que constantemente padecen, impactando, además, en su funcionalidad y calidad de vida.

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