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Matrimonio igualitario: la evolución de una institución jurídica y reflejo de una transformación social

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

La evolución del matrimonio como institución civil da cuenta de las dimensiones y las representaciones que a lo largo del tiempo se han ido incorporando, producto de una realidad histórica. Así, el origen del matrimonio se remonta a una institución del derecho romano que posteriormente  se recoge como fuente del Derecho de la tradición judeo-cristiana. Más tarde, con el derecho canónico se incorporan elementos de convivencia patrimonial hasta pasar a ser la figura jurídica que hoy conocemos y que se rige bajo disposiciones de orden familiar.

Hoy día, la doctrina civil concibe al matrimonio como un acto jurídico materializado en una manifestación de voluntades que a través del Estado se reconoce y se le dota de validez para la creación de una relación jurídica generadora de derechos y obligaciones entre las personas contrayentes. De ahí la relevancia de que el matrimonio se rija bajo disposiciones de orden público e interés social con el objetivo de proteger la organización y el sano desarrollo integral de los miembros de la familia a través de relaciones basadas en el respeto y la dignidad.

Desde los estudios de la sociología jurídica se ha dado cuenta de las constantes transformaciones del Derecho, incluso desde el pensamiento jurídico crítico se ha abierto el debate para posicionar al Derecho como un ente vivo en constante transformación. Si tomamos como punto de partida, lo anterior, resulta fácil comprender cómo la institución del matrimonio ha ido en constante cambio y que las últimas reformas legales en los códigos civiles, al menos en la última década, han abierto la entrada a legislar el matrimonio en términos más igualitarios, menos discriminatorios y desde un enfoque de derechos humanos.

Para muestra de lo anterior, la Ciudad de México fue pionera en reconocer los matrimonios igualitarios. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal que redefinió al matrimonio como “la unión libre de dos personas”, asimismo, permitió a parejas del mismo sexo la posibilidad de adoptar a niñas y niños.

Con motivo de ello, la Procuraduría General de la República impugnó estas reformas a través de la interposición de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 donde la argumentación jurídica se centró  en señalar que dichas reformas contraponían la noción del matrimonio y de la familia que protege la Constitución Federal, siendo inconstitucional el hecho de ampliar la figura del matrimonio hacia las parejas del mismo sexo, además señaló que la adopción de niñas y niños  por  parejas del mismo sexo afectaban el interés superior de la infancia, aspectos que fueron considerados los principales conceptos de invalidez.

Como resultado de este recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió validar la constitucionalidad de las reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Uno de los criterios importantes que rescatar de esta resolución fue la definición de familia vertida en el documento, señalando lo siguiente:  “La familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiente más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época.”[1]

Observamos que la posición de la SCJN fue entender al matrimonio dentro del espectro de derechos bajo los que se rige la familia, así se entiende que el modelo de familias se va gestando a través de  relaciones humanas que están sujetas a una constante transformación social.

Los últimos criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN han señalado que la finalidad del matrimonio no es la procreación y considerarlo así en la ley o bien que en la misma se defina como aquel que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional, así quedó resuelto en la Tesis 43/2015. En este sentido, la Corte refirió que “pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes puedan acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la familia y la libertad de procreación en su artículo 4º, quedando claro mediante los citados criterios de interpretación que los matrimonios igualitarios no contravienen los principios establecidos en texto constitucional que protegen a la familia y al matrimonio.

En México existen diversas figuras jurídicas, que, si bien no contienen los requisitos y formalidades del matrimonio, si regulan y contemplan la generación de derechos y obligaciones. Tal es el caso del Pacto Civil de solidaridad en el estado de Coahuila que puede ser celebrado entre personas del mismo sexo, pero no excluye a las personas heterosexuales realizarlo. En este caso los derechos que se generan son iguales a los del matrimonio, sin embargo, no se contempla la adopción. Por lo que hace al resto de entidades federativas únicamente en los estados de Colima, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, regulan el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, sin importar la orientación sexual.

El no reconocer matrimonios en personas del mismo sexo constituye un criterio discriminatorio, así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia SCJN en diversos precedentes jurisprudenciales, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha fijado esta misma interpretación de manera reciente. Esto lo podemos encontrar en su resolución a la Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por el Estado de Costa, quien instó al Tribunal llevara a cabo la interpretación y el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) respecto del cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género (personas trans) y el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo.

Al respecto, la CoIDH en su resolución señaló que los derechos patrimoniales que derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo se deben garantizar a través de las figuras jurídicas existentes en las legislaciones de los Estados, esto es, por ejemplo, con el matrimonio. Para tal efecto, se deben armonizar los sistemas normativos para ampliar el espectro de derechos dentro de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo y puedan acceder en igualdad de condiciones a ser susceptibles y generadores de los derechos y obligaciones que deriven de este vínculo jurídico.

Mucho trabajo aún falta para extender el reconocimiento de derechos a través del matrimonio igualitario, tal es el caso de los derechos patrimoniales, como bien lo ha señalado el Tribunal Interamericano, sin embargo, es de reconocer la labor de interpretación que ha realizado nuestro Tribunal Constitucional y regional en materia de derechos generados a partir del vínculo entre personas del mismo sexo. Lo anterior, ante la ausencia de legisladoras y legisladores comprometidos con el respeto a la diversidad sexual que bien podrían generar y promover estos cambios desde la ley en el ámbito de sus atribuciones.

 

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[1] Acción de inconstitucionalidad 2/2010, p. 89.

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