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Matrimonio igualitario en Puebla ¿realidad o asunto pendiente?

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

El pasado 10 de enero, por mayoría de 18 de votos, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó un Punto de Acuerdo presentado por Karla Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla,  por el que se instruye a los 17 Presidentes de las Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla, así como a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a observar y salvaguardar los derechos humanos en torno al matrimonio igualitario de las personas que así lo soliciten, así como brindar capacitación a su personal en materia de género y derechos humanos en el marco de sus respectivas competencias.

Lo anterior propuesta, según la promovente,  fue con el objetivo de dar cumplimiento a la Acción de inconstitucionalidad 29/2016, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Cabe mencionar que este juicio fue promovido  por la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos   (CNDH)  al impugnar el artículo 300 del Código Civil del Estado de Puebla, mismo que define al  matrimonio como  la unión de un hombre y una mujer  y que por supuesto excluye a las  personas del mismo sexo.

Para la resolución del caso, la Corte señaló que la porción normativa impugnada es procedente al atentar contra el derecho a la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, conjuntamente violan  el principio de igualdad  al generar un  trato diferenciado a parejas del mismo sexo, excluyéndoles de la posibilidad de contraer matrimonio. En tal sentido, en los resolutivos de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad, se determinó la invalidez de los artículos 300 y 294 del Código Civil del Estado de Puebla.

En relación a la  motivación del Punto de Acuerdo aprobado por el Cabildo, se menciona que a través de dicha propuesta se da cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, cuyos objetivos se centran en garantizar una ciudad incluyente que toma como objeto central el respeto a los derechos humanos, sin distinción de género,  orientación sexual o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad y el libre desarrrollo de la personalidad. La promovente argumentó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad involucra el derecho de las personas a ejercer la libertad de cómo vivir su vida, la libertad de contraer matrimonio con quien deseen,  así como ejercer su libertad sexual y reproductiva, derechos que de no  garantizarse, vulneran  los principios de igualdad y no discriminación.

En respuesta a esta aprobación del Cabildo, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa señaló que esta autoridad no tiene facultades para aprobar la realización de matrimonios igualitarios, pues para ello, señaló, se requiere de una reforma al Código Civil de la entidad, siendo competente la  autoridad legislativa. Pese a  ello, su declaraciones fueron llanas, pues  se desconoce si el gobernador presentará algún recurso en materia constitucional para revocar  el Decreto  aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla.  Al respecto, es preciso hacer hincapié en que ya existen antecedentes respecto de la postura ­­­­­­­del gobernador Barbosa en torno al matrimonio igualitario. Recordemos que en septiembre del año pasado, envió diversas iniciativas al Congreso de Puebla para desconocer el matrimonio igualitario, mismas que fueron apoyadas por el legislativo.

Ante ello, el pasado  06 de enero de este 2020, a través de un comunicado,  la  CNDH, informó sobre la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del diversas disposiciones contenidas en el Código Civil de Puebla, que “define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer”, por transgredir  los derechos de igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y sexual, y de protección de la familia. Lo anterior, contra la decisión del  Congreso del estado de reconocer los matrimonios igualitarios a propuesta del gobernador de la entidad poblana.

Estaremos atentas/os a la resolución  de la SCJN, sin embargo, es insoslayable señalar que los criterios jurisprudenciales emanados por el Alto Tribunal respecto del matrimonio igualitario han dejado claro que las normas que definen al matrimonio como “la unión de un hombre y una mujer”, y que, por otro lado consideren  que la finalidad del mismo es la procreación,  son inconstitucionales. De ahí la relevancia del carácter progresivo de los derechos humanos como un principio fundamental que debe ser observado y garantizado por todas las autoridades en el marco de sus respectivas competencias.

 

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Artículo publicado originalmente en: https://medium.com/ escrito por Benjamin Freeland

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