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Matrimonio igualitario en Nuevo León y Yucatán. Alientos y desaciertos legislativos

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

En recientes días, Nuevo León se sumó a las 13 entidades federativas que reconoce el matrimonio igualitario en México. Lo anterior derivó de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018[1] emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien demandó la invalidez de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León en su porción normativa “el hombre y la mujer” así redactado en el Capítulo II de los requisitos para contraer matrimonio del ordenamiento señalado.

Es importante mencionar que la redacción antes de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, definía expresamente al matrimonio como “la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente”. En el párrafo segundo de este mismo precepto señalaba que cualquier condición contraria a estos fines se tendría por no puesta. Por su parte el artículo 148 hacía alusión al hombre y la mujer como sujetos susceptibles de contraer matrimonio.

Los argumentos de la CNDH al solicitar la declaración de invalidez de los artículos impugnados por extensión de inconstitucionalidad, fueron en el sentido de que la redacción de los artículos atenta con el derecho a la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, asimismo se viola el principio de igualdad y no discriminación.

En sus razonamientos, la Corte invocó precedentes donde se han invalidado y se han declarado inconstitucionales las porciones normativas del “hombre y la mujer” como presupuestos para contraer matrimonio, recordando que la ley que contemple esta condición es discriminatoria.

Cabe recordar que la Corte en la Jurisprudencia 43/2015 se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de la definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de este, asimismo sobre la inconstitucionalidad de la norma que defina al matrimonio como la unión de hombre y mujer pues no tiene razón justificada y por supuesto vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Por lo anterior la SCJN por mayoría de votación declaró la invalidez de los artículos impugnados.

En contraste, a ello, el pasado 10 de abril, el Congreso de Yucatán, rechazó por mayoría de votos, el Dictamen que solo un día antes había sido aprobado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para reformar el artículo 94 de la Constitución de la entidad,  a fin de eliminar el segundo y tercer  párrafo que define al matrimonio como la “institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. El Estado reconoce que es de vital interés para la sociedad que, en la unión de hombre y mujer para la procreación, se establezcan límites en cuanto a la edad y salud física y psíquica”.

Por supuesto, muchas fueron las críticas a las y los legisladores que en el pleno del Congreso de Yucatán decidieron posicionarse en contra del Dictamen, que abría la puerta al matrimonio igualitario en la entidad. Pese a ello, aún quedan abiertos otros caminos jurídicos, como serían los recursos de carácter constitucional contemplados en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que tienen a su cargo los organismos públicos autónomos de derechos humanos al contar con legitimación procesal para impugnar las normas de contenido discriminatorio por razones de género y orientación sexual, como fue el caso de Nuevo León.

El mensaje que algunos congresos han mandado, como el de Yucatán, desde luego marca desaciertos muy profundos en términos de su responsabilidad internacional con el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al incumplir con su obligación de ejercer control de convencionalidad para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de  todas las personas sin discriminación. Cabe además recordar que las preferencias sexuales son una de las categorías protegidas en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el mismo caso por la Jurisprudencia Interamericana emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al reconocer que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)  en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile y la Opinión Consultiva 24/2017.

 

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[1] Acción de Inconstitucionalidad 29/2018 promovida por la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2018_29_Demanda.pdf

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