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LGBTI en Venezuela: entre la incertidumbre y la discriminación (II)

Por Adriana Ramírez. Caracas, Venezuela

Si violación de los derechos humanos es como han sido denunciadas las detenciones arbitrarias, los procesos viciados, las torturas que se han documentado en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, incertidumbre será la palabra que se usará a continuación para describir la situación que se vive hoy en día en el país y de la que tampoco escapan las personas LGBTI.

Incertidumbre por la crisis política, económica y humanitaria

Crisis política. Desde enero de este año dos figuras se han enfrentado: Juan Guaidó, presidente encargado, reconocido por más de 50 países y entes como la Organización de Estados Americanos (OEA), el PE y el Grupo de Lima; Nicolás Maduro, acusado de usurpar la Presidencia y de cometer delitos de lesa humanidad, entre otros. Venezuela, por ende, ha sido noticia mundial en los últimos días: cualquiera que sea el resultado, influirá en el futuro de su población, que ronda los 32 millones de personas dentro y fuera de sus fronteras.

Maduro, aunque ha sido señalado en varias ocasiones de haber nacido en Cúcuta, Colombia, se juramentó por segunda vez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 10 de enero de este año para el periodo 2019-2025. Las últimas elecciones presidenciales se hicieron en mayo de 2018, pero no fueron reconocidas por organismos internacionales ni por países debido a la falta de transparencia y de garantías electorales; por tanto, tampoco reconocieron el resultado.

Guaidó, por su parte, se juramentó presidente encargado el 23 de enero. Para ello se basó en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. En resumidas cuentas, estos artículos dicen que por la falta absoluta del presidente de la República, el presidente de la AN tomará posesión del cargo y que el pueblo venezolano desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contravenga los principios democráticas y de defensa de los derechos humanos.

Guaidó, por cierto, es el presidente de la AN; también, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con estudios en gerencia pública tanto por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) como por la Universidad George Washington. Es miembro fundador del partido Voluntad Popular.

Según Granma, periódico oficialista de Cuba, Maduro fue conductor del Metro de Caracas hasta formar parte de la junta directiva de la empresa. En el gobierno de Chávez, que duró desde 1999 hasta 2013, fue diputado a la AN, luego ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente ejecutivo.

Crisis económica. A Venezuela la golpea diariamente una hiperinflación que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será de 10 millones por ciento este año, mientras que la AN indica que superará esa cifra.

El sueldo mínimo de los venezolanos se ubica en 18.000 bolívares soberanos (alrededor de 5 dólares), pero si usted va al supermercado verá que tan solo un litro de yogur cuesta más de 20.000 bolívares soberanos; la prórroga del pasaporte, 36.000 bolívares soberanos; un paquete de gasas, 25.000 bolívares soberanos.

Crisis humanitaria. Escasez de comida y medicinas, la misma escasez de comida y medicinas que le dio la vuelta al mundo en forma de imágenes este 23 de febrero cuando varios camiones con ayuda humanitaria internacional fueron quemados en el paso de Colombia a Venezuela.

El 24 de febrero, el periodista Gabriel Ramos, del portal de noticias La Patilla, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve parte del cargamento de ayuda quemado. Se calcula, según datos publicados por Efecto Cocuyo, que venían 500 toneladas ―por tierra― de insumos médicos, suplementos y apoyo alimenticio, productos de higiene, medicamentos, que fueron donados por Estados Unidos y para lo que se contó con la colaboración de otros países. A su vez, se aguardaban 300 toneladas por mar.

Mientras que la oposición afirma que fueron funcionarios de seguridad los que quemaron parte de la ayuda, el gobierno de Maduro asegura que fue la oposición. Mientras tanto, Alfredo Romero, director presidente del FPV, informó que para el 3 de marzo habían fallecido siete pemones (indígenas) de Santa Elena de Uairén, frontera con Brasil, luego de haberse enfrentado con los organismos de seguridad del Estado para que dejaran pasar la ayuda humanitaria que también venía por ese país.

 

¿De qué dimensión es la crisis humanitaria en Venezuela?

En noviembre de 2018 Efecto Cocuyo reseñó el reporte Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). En aquel entonces informó de que había 3.7 millones de venezolanos que no recibían la cantidad de alimentos suficientes y que, por tanto, estaban desnutridos.

A su vez, el también diario venezolano El Nacional publicó, en octubre del mismo año, que el desabastecimiento de medicinas ascendía a 85% y que 155 farmacias habían cerrado; esto, según Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven).

Asimismo, como parte de la ayuda se esperaba que hubiera, a decir de la diputada trans, Tamara Adrián, un cargamento de antirretrovirales para personas con VIH/sida.

“Está previsto un cargamento de antirretrovirales. Hace dos años que no hay en Venezuela. Una situación que lleva a una epidemia de sida similar a la que existía en los años ochenta”, señaló en una entrevista que se le hizo a principios de marzo para este reportaje. Adrián fue una de los diputados que viajó hasta la frontera, a fin de colaborar en las gestiones de la ayuda humanitaria del 23 de febrero.

Según el último reporte anual Emergencia humanitaria compleja en Venezuela: derecho a la salud, que se publicó en septiembre de 2018 y que lo hacen varias ONG, se indica: “…se estiman 154.000 personas con VIH, aunque no existen estudios de prevalencia e incidencia con coberturas significativas. La falta de acceso a pruebas diagnósticas y de seguimiento, preservativos y fórmulas lácteas para madres con VIH ha persistido en la última década. Las comunidades waraos (indígenas) de Delta Amacuro (en el noreste del país) corren el riesgo de ser diezmadas por una veloz epidemia de VIH. Hasta 2017, 79.400 personas con VIH estaban inscritas en el Programa Nacional de Sida del Ministerio de la Salud para recibir tratamiento antirretroviral (TAR). Desde 2016, el acceso a los TAR bajó de forma alarmante hasta casi desaparecer en 2017 y 2018, al interrumpirse las compras internacionales.

En 2018 fueron retiradas 10.000 personas inscritas por posibles defunciones o migración. Las mujeres pasaron de 1.800 en 2014 a 2.400 en 2015, aumentando 33%, y posiblemente escalaron a más de 5.000 en los años 2017 y 2018 por el incremento de personas hospitalizadas, muertes por sida y otras enfermedades oportunistas, reportadas por ONG y servicios de salud en VIH”.

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