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La protección del derecho a la identidad y expresión de género  en las nuevas credenciales de elector

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

En diciembre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del Modelo de la Credencial para votar en Territorio Nacional y desde el extranjero[1], el objetivo de este documento fue incorporar nuevos elementos para la expedición de las credenciales de elector del año 2020 y robustecer los elementos de seguridad de conformidad con los estándares internacionales.

Cabe resaltar que dentro de los nuevos lineamientos del INE se contemplan las modificaciones a la información personal que deberán contener las nuevas credenciales de elector. Si bien, el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como requisitos que deberán contener las credenciales de elector, el nombre completo, el domicilio, la edad, la Clave Única de Registro de Población, el sexo del ciudadano/ciudadana, entre otros datos, se hacen ajustes en cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que han considerado que como datos suficientes basta la fotografía, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento.

Siguiendo estos criterios, el TEPJF hace hincapié a que la ciudadanía ha venido utilizando la credencial de elector para realizar diversos trámites ante instituciones públicas y privadas, sin embargo, este uso no es constitucionalmente válido, de ahí que los datos como la dirección y el sexo sean datos personales protegidos de los cuales la ciudadanía puede omitir en la credencial de elector.

En concordancia a ello, el INE, en el Acuerdo en cita determinó que el dato del sexo, quedaría integrado al código bidimensional QR de alta densidad, esto decir, se trata de un mecanismo a través del cual se permite encriptar datos personales de sus titulares para así contar solamente con los datos necesarios y útiles de manera visible y únicamente si es deseo de la persona podrá incluirse de manera visible en el anverso de la misma.

Es menester señalar que la finalidad de proteger los datos personales como un derecho humano tiene como objetivo garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de las personas, por ello, las personas tienen la facultad de decidir si es su deseo ocultar el dato del sexo al que se autoadscriban, ponderando  el derecho a la intimidad de las personas. En ese sentido, en el Acuerdo del INE señala que “incorporar de manera visible del dato referente al sexo en la Credencial para Votar, en todos los casos, sin consultar a la o el titular de la credencial, podría resultar en discriminación indirecta en perjuicio; a pesar de que parece ser una medida neutral existen ciertos factores, como la identidad de género, que finalmente provocan un trato diferenciado e injustificado hacia un sector poblacional”.

A mayor abundamiento, cabe resaltar que el derecho a la identidad de género[2] es un  derecho protegido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Jurisprudencia Interamericana. En tal sentido, las acciones afirmativas diseñadas  para dar cumplimiento a estas normas de ius cogens  se han garantizado a través de la instrumentación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana elaborado por el INE, documento donde se reafirman los compromisos de inclusión al señalar que las diversidades sexuales relacionadas con la identidad de género, la orientación sexual y las expresiones de género, no deben significar un obstáculo para el acceso y ejercicio efectivo de los derechos políticos pues “en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto”.[3]

No debe soslayarse que el derecho al voto es un derecho político y cualquier impedimento que de iure o de facto obstaculicen el ejercicio de un derecho humano tiene repercusiones y acarrea responsabilidades incluso internacionales. Por ello, no debe perderse de vista que la obligación de respetar, promover y proteger los derechos humanos de acuerdo con los parámetros constitucionales incluidos en el bloque de constitucionalidad y en el ejercicio del control de convencionalidad obliga a todas las autoridades en su actuar en el marco de sus respectivas competencias, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal. Con la adopción de este criterio, se cumplen con las acciones afirmativas orientadas en evitar conductas discriminatorias a las personas trans, sin embargo, queda pendiente la evaluación del cumplimiento tanto del Protocolo, como del Acuerdo como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, desde luego, en el marco de los principios con los que se erigen las autoridades electorales.

 

Para más información y comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 

[1] Acuerdo INE/CG1499/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019, Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548428&fecha=18/01/2019

[2] Los Principios de Yogyakarta definen a la identidad de género  como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, Disponible en https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2

[3] Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, Instituto Nacional Electoral, p. 8, Disponible en  https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf

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