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La despenalización del uso personal del cannabis en México, ¿podemos ya celebrarla?

Por: Aura E. Álvarez Barrios (ae.alvarezbarrios@gmail.com)

Arduo ha sido el camino de la despenalización del cannabis en nuestro país a lo largo de los últimos años. A muchos obstáculos nos hemos enfrentado para lograr legalizar el uso del cannabis; los principales, desde mi perspectiva, son el reprobar el uso del cannabis con un juicio moral y desinformado, y lo redituable que resulta para el mercado negro la prohibición de la mariguana.

¿Por qué aún es legal portar hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal pero está prohibido cualquier acto relacionado con la obtención de la planta? No sabemos muy bien, quizá la respuesta está en esos ojos morales y desinformados que han permeado a nuestros procesos legislativos en torno al cannabis.

El camino hacia la despenalización se ha ido aclarando desde 2015, año en el que una lucha jurídica dentro de los tribunales mexicanos generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una determinación histórica, dando el primer paso de gran trascendencia en dirección a la despenalización del uso del cannabis, ya sea con fines medicinales o lúdicos y a una inevitable evolución social.

Fue en noviembre de ese año que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud resultaban inconstitucionales porque establecían prohibiciones para realizar actividades vinculadas con el consumo con fines lúdicos o recreativos de cannabis. Esa inconstitucionalidad, se argumentó, se encuentra en la afectación (que calificaron de innecesaria y desproporcionada) que ésta genera en el libre desarrollo de la personalidad.

Así, se consideró que debía otorgarse autorización a Josefina Ricaño, Armando Santacruz, José Pablo Gurault y a Juan Francisco Torres Landa, quienes forman la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y tetrahidrocannabinol (algunos isómeros y sus variantes) con fines recreativos. Este criterio quedó materializado en la Tesis 1a. CCLXXIV/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en noviembre de 2016.[1]

Existen muchas otras personas que han intentado obtener permisos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para utilizar el cannabis de manera medicinal y lúdica, y llevar a cabo actividades para su cultivo y producción, quienes sin duda fueron alentados por la tesis jurisprudencial antes mencionada, tal es el caso de El Club Cannábico Xochipilli, organización que lleva como lema “Cosecha Tus Derechos”, o la AMEM Autocultivo Medicinal en México, organización que busca, entre otras cosas, la regulación del uso del cannabis terapeútico.

En la actualidad resulta imposible voltear los ojos e ignorar que la despenalización del cannabis es imperioso e ineludible. Los altos índices de homicidios violentos provocados por el narcotráfico piden a gritos que se generen estrategias distintas a la guerra para tratar el tema, la despenalización es una alternativa.

Desde mi perspectiva, el camino hacia este gran lugar ha llegado a un punto sin retorno y eso abre paso a un sinfín de oportunidades para evolucionar como sociedad y eliminar los prejuicios que aún existen en torno al uso del cannabis, ya sea de forma medicinal o lúdica.

El pasado 31 de octubre de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos asuntos sobre consumo personal de cannabis con fines recreativos, uno de la Ministra Norma Piña y otro del Ministro Arturo Zaldívar, otorgando amparos a favor de los solicitantes, lo que ha generado que se integre una jurisprudencia en contra de la prohibición y la consecuente modificación de la ley.

Otros países como Holanda o Canadá que el pasado 12 de octubre despenalizó por completo el uso del cannabis, nos hacen ver que no es tan equivocado entender que la legalización del cannabis no debe sujetarse a la moralidad y debe apegarse a lo que la ciencia ha estudiado sobre esta planta y a los reales efectos que tiene sobre el cuerpo humano.

La sociedad mexicana se encuentra en un buen momento para reflexionar y continuar replanteándose si continúa viendo al cannabis con esos ojos morales, prejuicios y desinformados que sólo restringen el libre desarrollo de la personalidad y limitan la conciencia humana. Estemos atentxs a este tema.

Para más información, comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

[1] INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como marihuana, son inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no es necesaria porque existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.

 

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