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La brecha del diseño y la implementación de políticas públicas para personas LGBTTTI

Humanismo & Legalidad

En México hemos tenido un avance significativo en materia de reconocimiento de derechos de las personas de la comunidad LGBTTI desde 2003 con la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en donde se reconoce por primera vez, la discriminación realizada en razón de sexo o de preferencias sexuales (Artículo 4º); y que posteriormente, se consagró en el Artículo 1 de la Constitución Política, con la reforma del 2011. Asimismo, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como la institución encargada de promover las políticas públicas contra la discriminación y garantizar el derecho a la igualdad.

En el 2006, se publicó el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED), que es el planteamiento de una estrategia a seguir para el Conapred, con la finalidad de evaluar los logros realizados por el Estado en materia de no discriminación.

Más adelante, los matrimonios igualitarios que entraron en vigor a partir del 2010, en el entonces Distrito Federal, otorgándole la igualdad jurídica a todas las personas, planteando la posibilidad de adopción; posteriormente, la Suprema Corte reconoce tanto el matrimonio igualitario como la adopción.

El Distrito Federal se mantuvo a la vanguardia realizando una reforma en el 2015 al Código civil y al de Procedimientos Civiles, en donde se permitió el reconocimiento de la identidad de género a los ciudadanos que cuenten con la mayoría de edad. Asimismo, en el 2011 se crea el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del DF (Copred).

Sin duda los avances legales son fundamentales para sentar las bases de una sociedad democrática; sin embargo, no lo es todo. Además de contar con una Ciudad de México a la vanguardia en el ejercicio de los derechos de la población LGBTTTI, nuestro país requiere de esfuerzos nacionales más significativos y que vayan más allá del papel.

Contamos con un Programa Nacional de Derechos Humanos (2014 – 2018), que es un instrumento para definir la política estatal en esa materia y de acuerdo a su página de internet[1], se encuentra basado en “estándares y recomendaciones internacionales”; pero en realidad ¿de qué nos sirve este documento? teóricamente es un mecanismo para definir el seguimiento y la evaluación de la política pública; es decir, aquello establecido normativamente, lo convierte en diversas acciones de gobierno que se categorizan y las mide para saber si funciona correctamente; idealmente, si no funciona, debe de modificarse y corregir el ciclo de política pública, realizando los ajustes necesarios, de tal manera que se ajuste a la realidad y pueda resolver el problema público para el que se diseño la Ley. En el caso del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 -2018, en el Objetivo 3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, Estrategia 3.2. Responder a las problemáticos de derechos humanos de personas y grupos específicos, se encuentra la Línea de Acción 3.2.3. Impulsar una cultura de respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trasvestis, transgénero e intersexuales. Para poder medir el cumplimiento de estas acciones, se toman en cuenta dos indicadores:

3.1. Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project

3.2. Índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los Tratados Internacionales de derechos humanos

El primer indicador fue diseñado para medir el respeto del Estado a 15 prácticas de derechos humanos; en los últimos 14 años el máximo valor de este indicador ha sido 3, por lo que se estableció como la meta para el 2018; desde el inicio del monitoreo en 2011, el indicador se ha mantenido en 2 y no ha sufrido ninguna modificación.

El segundo indicador, muestra el grado de avance de las acciones implementadas por la Administración Pública Federal, con la finalidad de cumplir con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México. La meta para el 2018 es del 70% y se espera que para el cierre de este 2017 se tenga un grado de avance de 55%.

Si bien el mantener estándares internacionales en la implementación de políticas públicas en nuestro país es de suma importancia, es necesario que su diseño se encuentre más apegado a las líneas de acción; en este caso, cómo podemos medir que se está impulsado una cultura de respeto de los derechos de las personas LGBTTTI, si nos encontramos con percepciones de la ciudadanía, como los hallazgos de la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2017, territorio donde se han impulsado de manera prioritaria los derechos de personas LGBTTTI; pero que al preguntar las causas de discriminación más comunes, las preferencias sexuales se encuentran en segundo lugar; mostrando un ascenso en relación a la anterior Encuesta 2013, donde se encontraban en tercer lugar.

Existe una brecha muy amplia entre el diseño de la política pública y su implementación; tan grande que la percepción de la ciudadanía, en la ciudad vanguardista en temas LGBTTTI, en vez de mejorar, ha empeorado.

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[1] Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018. http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Nacional_de_Derechos_Humanos

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