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Estándares disminuidos de valoración probatoria, ¿cómo se utilizan?

Por: Aura E. Álvarez Barrios, ae.alvarezbarrios@gmail.com

En el sistema jurídico mexicano existen conductas punibles particularmente complejas de ser probadas por su naturaleza subjetiva, la forma en que se manifiestan y las circunstancias en que se llevan a cabo. Las conductas punibles típicas de la violencia basada en el sistema de género (como el acoso sexual y el feminicidio) y la discriminación son dos ejemplos representativos.

En mi experiencia, existen dos variables que dificultan la probación de conductas punibles de esa naturaleza: 1) la intangibilidad de la conducta, esto es, cuando se materializa a través de la violencia psicológica, la verbal o la simbólica, y 2) la ausencia de testigos directos. Estos dos aspectos también sirven como punto de partida para repensar si el sistema de valoración probatoria mexicano necesita transformarse.

Lo que hay que a reflexionar en este sentido es si el sistema de valoración probatoria ha logrado evolucionar a la par del sistema jurídico y si ha podido deshacerse de su pasado inquisitivo. He de mencionar que no todas son malas noticias, pues en las últimas dos décadas se han establecido parámetros especiales para la valoración de pruebas en casos de violencia sexual contra la mujer, como la preponderancia del dicho de las víctimas de violación y los elementos mínimos para juzgar con perspectiva de género (jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.)[1]), que contemplan el valorar pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y ordenar pruebas para visualizar situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

Sin embargo, es necesario continuar construyendo un sistema de valoración probatoria menos rígido, que evolucione junto con el sistema jurídico y  que se apoye en herramientas de análisis que le permitan lograr mayor aceptabilidad de conclusiones principales y derivadas, relacionadas con problemas jurídicos probatorios (como los ocasionados cuando la conducta es intangible o es cometida en la clandestinidad).

Acudir a evidencia de corroboración[2], utilizar análisis socioculturales que permitan analizar y comprender el comportamiento humano en determinado contexto, y emplear herramientas analíticas como la interseccionalidad o la perspectiva de género pueden ayudar a flexibilizar nuestro sistema de valoración probatoria y mejorar la calidad de la procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Un precedente relevante en la utilización de estándares diferenciados es la sentencia de amparo directo 35/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella, se estableció que por la complejidad del acoso escolar (un hecho que tiende a estar invisibilizado, en el que la víctima guarda una posición vulnerable y los agresores son difíciles de identificar) y su relación con los derechos de los niños, se justificaba una serie de presunciones y estándares diferenciados para la valoración de hechos y la atribución de responsabilidades (tesis jurisprudencial 1a. CCCXIX/2015 (10a.)). Así, se determinó que si se demostraba la ocurrencia de conductas de las que podía inferirse acoso escolar, como agresiones verbales o físicas reiteradas, era válido presumir que existía una situación de acoso.

Esperamos que se logren ver avances significativos en nuestro sistema jurídico en los próximos años, sobretodo en el sistema de valoración de elementos de prueba. Sin duda, el mejorar las herramientas con las que se investigan y analizan actos de afectaciones a la dignidad, mejorará la calidad del trabajo realizado por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia y sobre todo garantizará que todas las víctimas involucradas en un procedimiento de esta naturaleza logren obtener verdadera justicia.

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[1] “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.”

[2] La evidencia de corroboración es aquella que da cuenta de hechos o circunstancias que miradas aisladamente no brindan un apoyo directo o significativo al argumento central, pero que en un contexto determinado resulta útil para darle mayor fuerza a una determinada conclusión. “La Argumentación Jurídica en el Sistema Penal Acusatorio”, Fiscalía General de la Nación, Colombia, 2007, p. 83.

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