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El Estado mexicano en el combate a la discriminación en razón de orientación e identidad de género

Por: Lizbeth Leonor Suárez Sánchez

“Al final de cuentas, la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia,  pero estos prejuicios son condenadas por los gobiernos; mientras la homofobia y la transfobia suelen pasarse por alto”[1]

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra diferentes derechos humanos, entre ellos la no discriminación que incluye las preferencias sexuales; asimismo, especifica que es una atribución de las autoridades la de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”; lo anterior quedo plasmado en a partir de la reforma constitucional de 2011, por lo que la maquinaria estatal tiene sus leyes secundarias, normas, reglamentos en razón de tales modificaciones.

 

Resulta prioritario conocer qué se ha realizado para cumplir con los atributos establecidos constitucionalmente. Podemos encontrar que a nivel federal la Suprema Corte de Justicia emitió la segunda edición en el 2015 del “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, para lograrlo se solicitó la colaboración de Estefanía Vela quién en ese momento era la responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE; asimismo, recibieron comentarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Relatoría para personas LGBTI. El objetivo del Protocolo es promover el acceso al ejercicio de los derechos de las personas LGBT y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género; de esta manera los jueces pueden echar mano de esta herramienta para la resolución de asuntos.

En ese mismo tenor, la Procuraduría General de la República elaboró un Protocolo para casos que involucren orientación sexual y la identidad de género, como un insumo para los operadores del sistema de procuración de justicia; buscando proteger los derechos de la comunidad LGBTI de acuerdo a lo establecido en la CPEUM, así como el marco normativo supranacional.

Estos ejemplos demuestran que existe una obligación de las autoridades involucradas tanto en la procuración, como en la aplicación de la justicia en México; sin embargo, las cifras nos demuestran que el trabajo en pro de generar una cultura de la justicia para la comunidad LGBTTTI, apenas comenzó.

La discriminación contra grupos LGBTTI continúa siendo un problema estructural de nuestro sistema, tomando en cuenta las asimétricas distribuciones del poder, donde la concepción dominante es la sexualidad binaria. En ese sentido, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, reporta que las autoridades señaladas como probables responsables de violaciones a los derechos humanos son, en primer lugar los cuerpos de seguridad, particularmente los del ámbito estatal y municipal; en segundo lugar, las autoridades de los centros de reclusión, quienes niegan solicitud de una ubicación de personas privadas de su libertad en zonas para homosexuales; así como el maltrato ejercido por custodios; por último, en el tercer lugar, se encuentran los Ministerios Públicos, por el trato despótico, discriminación y la detección de irregularidades durante la implementación de procedimientos judiciales[2].

Lo presentado aquí es sólo una pequeña muestra de los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con su mandato constitucional y los tratados internacionales; además de que dicho esfuerzo en algunas ocasiones se encuentra acompañado por sociedad civil o expertos en la materia. Sin embargo, la brecha entre la norma y la implementación continúa siento amplia, pues existen componentes que van más allá de los jurídico y su interpretación; es decir, las costumbres, las actitudes, tradiciones, la cultura per se de los servidores públicos, constituyen una barrera en la eliminación de estas prácticas discriminatorias. No debemos olvidar que, para lograr un régimen democrático, es necesario incluir los compromisos formales y sustanciales; en ese sentido, los derechos humanos deben entenderse como un límite inaccesiblel poder y representan un triunfo de aquellos que se encuentran vulnerables frente a las mayorías privilegiadas.

Para más información, comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 

[1] Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (consultado el 26 de enero de 2018) disponible en: https://youtu.be/THXRufV8F2Y?t=1m41s

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia. Consultado el 27 de enero de 2018. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2010_homofobia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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