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El derecho a la identidad de género de las personas trans en Coahuila y el reconocimiento progresivo de derechos humanos

Por Marlene Rodríguez Atriano ( marlene@humanismo.mx)

El pasado 13 de noviembre, el Congreso del estado de Coahuila aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que abroga la ley del 2003. Esta nueva legislación fue celebrada por integrantes de la comunidad LGBTTTI ya que reconoce y garantiza el derecho a la identidad de las personas trans a través de un procedimiento administrativo.

La nueva Ley del Registro Civil define a la identidad de género como la convicción personal e interna, en que cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta de nacimiento. Por su parte,  en el artículo 124 se establece el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género, mismo que excluye el requisito de acreditar intervención quirurgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Asimismo, dentro de los requisitos exigidos por la ley son ser de nacionalidad mexicana, tener mayoría de edad, manifestar el nombre completo y la copia certificada del acta de nacimiento primigenia, así como el nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado, en este acto se entenderá el consentimiento libre e informado de la persona.

A efecto de surtir los efectos legales correspondientes  y ser oponibles a terceros, hecho el cambio de acta de nacimiento, se enviarán los oficios correspondientes a diversas autoridades, siendo éstas  la Secretaría de Gobernación,  Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Poder Judicial de la Federación; así como a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Registro Nacional de Población e Identificación Personal y a la Unidad Central Estatal del Registro Civil. Cabe mencionar  que se precisa que los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modifican ni se extinguen.

Importante mencionar que La Ley del Registro Civil para el estado de Coahuila recoge e incorpora los criterios más recientes de la  jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de Identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esta resolución deriva de la Opinión consultiva 23/2017, donde  la Corte, al interpretar el artículo 1.1[1] de la Convenion Americana sobre Derechos Humanos  (CADH) respecto al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en correlación al artículo 24 del citado instrumento que reconoce la igualdad ante la ley, señaló que los Estados están obligados a legislar y a adoptar medidas tendientes a a revertir las situación históricas de exclusión y disciminación como es el caso de grupos de población LGBBTTI. Para robustecer lo anterior, la Corte resolvió también que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de genero son categorías protegidas por el artículo 1.1. de la CADH  atendiendo a los criterios de interpretación evolutiva de los derechos humanos.

En ese sentido y en cuanto al procedimiento que deberán seguir las personas interesadas en modicar los registros y sus documentos de identidad para que sean acordes a  su identidad de género, la Corte señaló que los Estados deben proveer de un procedimiento o un trámite  enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes y que además debe ser confidencial debe ser confidencial. Para dar cumplimiento a lo anterior, el procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o notarial.[2]

Nótese que la nueva legislación del registro civil de Coahuila, cumple casi en su totalidad  con los criterios emanados por el Tribunal Interamericano. Aunado a ello, no debe soslayarse que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de igualdad y no discriminación constituyen normas de ius cogens, esto es, son normas imperativas que no aceptan pacto en contrario,  con validez y obligaciones erga omnes, es decir obligatorias para todos los Estado, cuya voluntad expresa se manifiesta a través de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la aceptación de la competencia de la Corte IDH por los Estados.

Celebramos que el estado de Coahuila se sume dar cumplimiento a la jurisprudencia internacional y a las normas de ius cogens, contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y garantice los derechos de las personas trans. Estos referentes por supuesto forman parte del proceso de un diálogo abierto y de la voluntad política de los gobiernos que esperamos pronto se hagan efectivos en todas las legislaciones de las entidades federativas del país.

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[1] Art. 1.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[2]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de  2017 solicitada por la República de Costa Rica, Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

 

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Artículo publicado originalmente en https://aulaintercultural.org

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