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Descubren desvío superior a ¡3 mil millones de pesos!

Una investigación especial de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Amigos. Como hemos planteado desde el nacimiento de IGUALDADES, nuestro sitio es un portal dedicado a temas de interés para la comunidad LGBT y lo hemos estado nutriendo con esa idea precisamente. Sin embargo, no podemos abstraernos de la realidad nacional, porque finalmente formamos parte un gran país y debemos, tenemos la obligación de estar informados.

Por esta razón, y con la debida autorización de nuestros amigos de ANIMAL POLÍTICO (www.animalpolitico.com) reproducimos parte de la investigación denominada “La Estafa Maestra”. Créanlo, hay suficientes razones para despertar la indignación.

Les pedimos que compartan esta nota alusiva e incluso la liga al reportaje original que se encuentra en http://bit.ly/2eXrfJX 

Para empezar, deben saber que 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014. Pero el fraude va incluso más allá: más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron 11 dependencias: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet Chemor; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

También hay contratos firmados por Pemex, pero los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

La investigación detalla que varias universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol: la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

 

El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI .

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Aquí la liga al reportaje original 

 

 

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