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Del odio a la inactividad estatal: la muerte de mujeres trans

Por: Norma Celia Bautista Romero (norma@humanismo.mx)

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres solemos alarmarnos y preocuparnos por nosotras mismas y por las mujeres que nos rodean, pero pocas veces después de leer o ver la nota recordamos los nombres de las que ya no están con nosotras.

Monse, Channel, Katty, “N” Sánchez Duran, J.C.M., Alexa Gutiérrez, Nataly Briyith Sánchez, Linda, Alaska Contreras, L.G., Brisa, “N” Sánchez Medina, Violeta Yamileth, Grechen Alina, Sheila, Samael Antolli, Yamileth Quintero, Azuany Ruvalcaba, Lucía Rojas, Itzel Duran Castellanos, Paulina Domínguez, Charly, Yoselyn, Jhoana Hernández y las registradas como “N” “N”, son algunas de las mujeres trans que en lo que va del año 2018 han sido asesinadas en el país.

En ocasiones anteriores hemos insistido que nuestra Constitución Política reconoce derechos humanos a todos los habitantes del país, sin distinción alguna, pero además este reconocimiento se encuentra estrechamente ligado a diversos compromisos emanados de instrumentos internacionales suscritos por México. Por esta razón la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos no puede tomarse a la ligera, incluso cuando requerimos prevenir violaciones o ante hechos ya consumados, surge un nuevo nivel de actuación o mejor dicho de obligación: prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

Pese a lo anterior las agresiones contra las mujeres, incluidas las mujeres trans, son una problemática latente en nuestro país, así lo demuestran las diversas Declaraciones de Alerta de Violencia contra las Mujeres decretadas en las entidades como Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit; así como las solicitudes en trámite en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas.

En las declaratorias decretadas se establecen medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en tres rubros: seguridad, prevención y justicia. Estas medidas, producto de un estudio pormenorizado previo, deben ser implementadas por los gobiernos estatales, en aquellas zonas territoriales definidas en la propia declaratoria.

En ese tenor, en el caso de las mujeres trans, la obligación estatal atiende a un compromiso reforzado, porque para ellas las asimetrías de género producto de un sistema de opresión patriarcal se profundizan, trayendo consigo el no reconocimiento de su identidad de género y negándoles su derecho a la libre determinación de la personalidad, haciendo nugatorio su autoreconocimiento con la identidad de género diferente del sexo designado al nacer.

En nuestro país, de acuerdo con la Red Regional de Información sobre Violencia contra la Población LGBT en América Latina y el Caribe, la violencia por prejuicio, es decir “aquellos actos que buscan causarle daño a una persona debido a la percepción negativa sobre su identidad de género u orientación sexual”[1] y en específico las agresiones contra mujeres trans, ascienden a 177 homicidios en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018; cifras superiores incluso a las reportadas, en el mismo periodo pero en homicidios en contra de lesbianas (5), gays (142), bisexuales (5) y los no identificados con algún sector (5); colocándose en la segunda posición de homicidios en contra de este colectivo, sólo después de Colombia (467 homicidios).

Por su parte las recomendaciones que se han emitido para mitigar el problema por diversos organismos internacionales, incluida la red, continúan reiterándose: investigaciones imparciales y libres de prejuicios y/o estereotipos con el fin de establecer garantías de no repetición; sensibilización y personal altamente capacitado para investigar y sancionar estos casos; contar con registros y divulgación de cifras oficiales con la mayor desagregación posible, atendiendo la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación; adopción de protocolos dirigidos a los encargados de hacer cumplir la ley; implementación de políticas y campañas para eliminar prejuicios, estereotipos y discriminación contra la comunidad LGBTTI; y condenar y adoptar una posición pública de rechazo a los actos de violencia y discriminación.

Con estas ideas, concluyo que evidentemente necesitamos el reconocimiento de derechos y su incorporación en instrumentos normativos, pero esta acción forzosamente debe ir de la mano con la posibilidad de ejercerlos, de lo contrario sólo quedan en simples aspiraciones morales.

Necesitamos nombrar a las compañeras hoy asesinadas, necesitamos decirle a nuestra sociedad que ser diferente también es un derecho, necesitamos mandar un mensaje contundente a todo el colectivo LGBTTI de que vamos a respetar sus derechos, pero sobre todo necesitamos que todas las autoridades hagan su parte, su trabajo: erradicar la violencia y la discriminación, porque para ellas ya fue tarde, no hicieron lo que debían, mantenerlas vivas.

Se los debemos a ellas, que tuvieron que sufrir lo inimaginable para que nosotras y nosotros, como sociedad, giráramos la cabeza, las observáramos y notáramos que su vida no es una cifra más.

 

Para más información y comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

[1] Sistema de Información de homicidios de personas LGBT, SInViolencia LGBT, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1yPAwIx7PkCvOZ8w_n32CkEWPpOM7aK0t/view

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