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De los mensajes de odio a la inclusión de familias diversas

 Constitución Política de la Ciudad de México.

Durante la última década, las reformas al Código Civil que reconocieron a las familias diversas colocaron a la Ciudad de México como pionera en legislar y aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sumándose a los países que ya lo han hecho, tal es el caso de los Países Bajos, España, Canadá, Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Noruega, Sudáfrica y Suecia, de la misma manera, estos cambios legislativos permitieron a las parejas  la posibilidad de adoptar. De esta forma el artículo 146 del Código Civil redefinió el matrimonio como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.

Desde el 2009  fecha en que se aprobó la reforma, el rechazo por parte de diversos actores se hizo presente. En la propia discusión de la iniciativa al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dividió a los distintos grupos parlamentarios. Algunos marcaron su absoluta oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) que junto con  el Partido  Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra del Dictamen, ello,  sin dejar de mencionar las abstenciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de ello, se logró su aprobación en el órgano legislativo.

Las reacciones provenientes de algunos sectores de la población tampoco tardaron en manifestarse, la iglesia católica por ejemplo, condenó fuertemente esta modificación legislativa. Por su parte, los propios entes de gobierno facultados para impugnar estos cambios en la ley presentaron recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Así lo hizo la Procuraduría General de la República (PGR) al presentar una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, como respuesta a esto, la Corte desestimó sus argumentos y validó las reformas al Código Civil local.

A más de 8 años, el rechazo continúa y han surgido grupos liderados por los sectores más radicales y de ultraderecha bajo el amparo de la iglesia católica para desdeñar el matrimonio igualitario, como es el caso del “Frente Nacional por la Familia”. Este grupo conformado por madres, padres de familia y sociedad civil defienden el matrimonio integrado por un hombre y una mujer, misma figura que denominan la “familia natural” como pilares de  la sociedad, quienes por supuesto se han pronunciado en diversas ocasiones en contra de las iniciativas de ley presentadas en los Congresos Estatales y a nivel federal en el Congreso Federal que buscan reformar sus Códigos Civiles y el Código Civil Federal para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, de manera conjunta con el Conferencia del Episcopado Mexicano, han  realizado diversas movilizaciones y marchas en diversas ciudades del país donde se promueve el rechazo a la diversidad sexual y el matrimonio igualitario.

Pese a estas circunstancias, los últimos criterios fijados por SCJN, máximo órgano de interpretación normativa en su Tesis Jurisprudencial 43/2015 determinó que el hecho de pretender vincular las preferencias sexuales de quienes puedan acceder al matrimonio con la procreación, constituye un criterio discriminatorio. Nótese aquí que la Corte  señaló que los fines de la familia no puede ser de ninguna manera la procreación y que fijar en la norma o a través de la decisión de cualquier autoridad estatal que la familia se funda en la unión de un hombre y una mujer es un supuesto que restringe derechos de una persona a partir de su preferencia u orientación sexual.

Importante señalar que en la recién aprobada Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho de las familias en su protección individual y colectiva. Adicionalmente, el texto señala que “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos”. Es justamente esta parte textual que de nueva cuenta es impugnada por la PGR en una acción de inconstitucionalidad  donde también solicitó a la SCJN su invalidación, argumentado esta vez que dejar abierto el reconocimiento de “toda estructura familiar” se puede correr el riesgo de reconocer estructuras poligámicas, razón por la cual diversas organizaciones de la sociedad civil acudimos a la Corte a presentar nuestras observaciones y opiniones legales a través de un  amicus curiae en defensa de la Constitución.

El hecho aquí a resaltar es que la PGR ha manifestado su incomodidad con este tipo de reformas  que brindan aportes y recogen los reclamos de parejas homosexuales en más de una ocasión, ¿acaso es que existen argumentos jurídicos  que sustentan su impugnación? o será más bien que  nuestras instituciones desean seguir institucionalizando un modelo único de familia para seguir manteniendo el discurso jurídico hegemónico de la jerarquía religiosa. Y  es que  las únicas respuestas posibles apuntan a que  las leyes como sistemas de dominación continúan solo protegiendo  a la persona heterosexual como único sujeto de derechos dejando al margen y desprotegiendo a la población LGBTTTI  (Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual). Habrá por supuesto que esperar cuál será el criterio de la SCJN, sin embargo, queda claro que nos encontramos inmersos en discursos de odio que encuentran su respaldo en el propio Estado.

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