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De la resistencia a la trascendencia de los últimos criterios de Corte IDH en favor de la comunidad LGBTTTI

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

En recientes días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Resolución de la Opinión Consultiva[1] OC-24/17 sobre “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”[2].  Esta opinión nace por petición del gobierno de Costa Rica, quien solicitó a la Corte la interpretación y el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) respecto del cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género (personas trans) y el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo.

Con motivo de la solicitud, organismos gubernamentales defensores de derechos humanos del continente, instituciones académicas y diversas organizaciones de la sociedad civil, enviamos observaciones a la Corte con el objetivo de brindar argumentos jurídicos a favor de la protección jurídica de esta población.  En mayo de 2017, acudimos a la sede del Tribunal Interamericano a presentar estas observaciones. En esta comparecencia dimos cuenta de testimonios de personas que a lo largo de su vida se han enfrentado a un aparato jurídico heteronormativo y heterosexual que han negado la posibilidad de hacer justiciables sus derechos, por ser parte de grupos históricamente excluidos del campo jurídico. De ahí la relevancia de analizar la respuesta que hoy la Corte ha dado.

Entre los principales puntos de la Resolución a destacar, la Corte IDH señaló que los Estados deben garantizar que las personas interesadas puedan adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad conforme a su identidad de género auto-percibida.  Además, debe realizarse a través de un trámite basado en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes por lo que no es necesario la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. Otra de las características que señaló, es que debe ser confidencial, expedito y en la medida de lo posible gratuito. En cuanto al procedimiento, se debe substanciar como trámite materialmente administrativo o notarial.

Por lo que respecta a los derechos patrimoniales que derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo se deben garantizar a través de las figuras jurídicas existentes en las legislaciones de los Estados, esto es, por ejemplo, con el matrimonio. Para tal efecto, se deben armonizar los sistemas normativos para ampliar el espectro de derechos dentro de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo y puedan acceder en igualdad de condiciones a ser susceptibles y generadores de los derechos y obligaciones que deriven de este vínculo jurídico.

La vinculación y el recibimiento de este tipo de Resoluciones en los Estados miembros siempre ha estado dentro del debate. Al respecto es preciso mencionar que las facultades de la Corte IDH encuentran su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuya voluntad expresa de los Estados se encuentra reconocida en la suscripción de la CADH y el reconocimiento de la competencia de la Corte. En este sentido, la Corte IDH tiene como funciones principales ejercer su competencia contenciosa y su competencia consultiva o de interpretación, cuya función “consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición que admite dos o más posibilidades de aplicación y, por ende, indicando la que es procedente”[3], en palabras del juez Vio Grossi.

Sumado a lo anterior, en recientes días el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor, durante su visita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) criticó que en nuestro país prevalezca un “constitucionalismo cerrado” que niega el acceso a la justicia de las personas al desatender los alcances que derivan del sistema de derechos humanos  y al respecto  cuestionó: “¿A caso no es jurisprudencia los criterios emanados de una opinión consultiva o de una medida provisional o de una supervisión de cumplimiento de sentencia?”[4]

Esta pregunta formulada por el juez MacGregor es reflejo de la resistencia de los Estados que se han negado en trabajar por qué estos derechos dejen de ser un discurso y se conviertan en acciones estatales garantes de derechos.

Lo que no se puede poner en duda es que las Resoluciones de la Corte son obligatorias para todos los Estados ya sea que provengan de casos contenciosos u opiniones consultivas. Por otro lado, es posible también, que la legitimación de estas decisiones emanadas por un Tribunal Internacional no sean solo el tema a analizar.  Muestra de ello es que gran parte de las críticas que han surgido en torno a las premisas lógico-jurídicas es demostrar cómo el Derecho per se contribuye a mantener las jerarquías del Estado y que las resoluciones judiciales donde se ven inmersos derechos de la población LGBT y de otros grupos que han sido minorizados, están cargadas de la ideología que tienen los juzgadores, saliendo de la absoluta neutralidad en la que debiera basarse la impartición de justicia.  Tal es el caso de los Estudios Críticos Legales (CLS)[5] quienes a través de sus trabajos han mostrado cómo el Derecho a través del tiempo ha sido pieza fundamental y en gran parte cómplice de la estructura heterosexual de las sociedades a partir de resoluciones judiciales que no han tomado en cuenta el género y el sexo por sólo citar algunas categorías.

Por esta razón, la decisión de la Corte se suma a un criterio importante en la ya fijada jurisprudencia interamericana que ha establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la CADH[6]. Asimismo, representa la consolidación y el reconocimiento legal de las luchas protagonizadas a través de la movilización y resistencia de la población LGBTTTI que por muchos años han denunciado las opresiones por parte del Estado.

Para más información, comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

 

[1] Una opinión consultiva es una petición formulada por un Estado miembro del Sistema Interamericano a la Corte IDH para que interprete las disposiciones de su derecho interno, respecto al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección a los derechos humanos. La Corte podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Véase: artículo 64 de la CADH y artículo 70 del Reglamento de la Corte IDH.

[2] Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[3] Voto individual del Juez Vio Grossi sobre la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017.  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre esta misma cuestión Cfr Artículo 62 de la CADH que reconoce competencia a la Corte de conocer todo lo relativo a la interpretación y la aplicación de las disposiciones contenidas en la CADH que le sean sometidas por los Estados.

[4] Sánchez Cabrera, Lorena “Presentan libro el libro La incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno”. Recuperado de https://canaljudicial.mx/es/noticia/presentan-libro-el-libro-la-incorporacion-de-la jurisprudencia-internacional-de-derechos, fecha de acceso 12 de enero de 2018.

[5] Los Estudios Críticos del Derecho (CLS) por sus siglas en inglés nacen como un proyecto universitario y académico de algunas Universidades de Estados Unidos de América en los en la década de los setenta. Su pensamiento crítico y de izquierda, está orientado en visibilizar las opresiones de raza, clase, sexo y género que permean en las decisiones judiciales. Al respecto Véase: García Villegas Mauricio, et.al. “Estudios de raza” en Crítica Jurídica. Teoría y Sociología Jurídica en los Estados Unidos, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Instituto de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, 2005.

[6] Caso Atala Riffo y Niñas v Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de febrero de 2012, párr. 91.

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