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Corregir la plana, los derechos humanos como reivindicación: Caso Guatemala  

Por Norma Celia Bautista Romero (norma@humanismo.mx)

El 08 de marzo de este año, en el Congreso de la República de Guatemala, una iniciativa comenzó a levantar ámpula de manera interna y causando eco a nivel internacional.

La iniciativa 5272, materializada en el decreto 18-2022. Ley de Protección de la Vida y la Familia[1], la cual fue en un primer momento aprobado por 101 votos, establece  en su exposición de motivos que “el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el modelo esencial por el cual se garantiza la vida a través de la procreación.” Además reconoce como “grupos minoritarios aquellos de la sociedad guatemalteca…que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana e impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia”.

Por esa razón los representantes Aníbal Estuardo Rojas Espino, Christian Jacques Boussinot Nuila y Compañeros, consideraron que en Guatemala, era “necesario combatir la amenaza al equilibrio de la sociedad, proteger la paz y garantizar una convivencia armónica”, con senda iniciativa que establece como prioridad: proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres en orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad, para lo cual:

  • Mujeres guatemaltecas serían sancionadas con mayor rigor por abortar, ya que se propone reformar el Código Penal para elevar las penas a quienes incurran en ese delito, considerando los representantes del pueblo, que una medida de esta naturaleza sería una potente medida disuasoria.
  • A las y los médicos guatemaltecos se les impone cargas adicionales para demostrar la fiabilidad de abortos terapéuticos, que ponga en grave riesgo a la madre o la redacción de informes detallados que den cuenta de la muerte natal o provocada del embrión o feto en el vientre materno.
  • Mujeres guatemaltecas que busquen ayuda y aquellos que la presten, podrán ser sancionadas con la creación de un tipo penal que castiga a quienes en forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí mismo o por conducto de terceras personas, con finalidad lucrativa o no, promuevan o faciliten medios para la realización del delito de aborto.

  • La adopción de una niña o niño guatemalteco, solo podrá darse en familias nucleares, integradas por un esposo hombre y una esposa mujer.
  • Los individuos que no respeten la diversidad sexual o presenten ideas que pudieran violentar derechos fundamentales, incluso de su propia familia, podrán escoger el tipo de educación que habrá de proporcionarse a los hijos, de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, incluyendo lo concerniente a la orientación sexual, sin que ninguna persona o entidad, pública o privada pueda interferir, limitar o restringir el ejercicio de este derecho.
  • La educación en materia de derechos humanos que permitiría reconocer la diversidad de las personas y el derecho a la libre determinación, se contrasta con la propuesta de disposiciones prohibitivas en las entidades educativas públicas y privadas, respecto a la promoción de políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o aquellas que enseñen como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad, buscando reforzar un sistema binario limitante y restrictivo de derechos.
  • Además se busca reformar el Código Civil para dejar asentado que el matrimonio sólo puede constituirse entre un hombre y una mujer, como si el amor tuviera limitantes.
  • Se rechaza toda posibilidad de pensar diferente, alentándose los discursos de odio, toda vez que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género.
  • Finalmente se dispone que los funcionarios públicos que representan al Estado de Guatemala en el ámbito internacional, contrario a sus obligaciones en la materia, deberán defender y establecer como posición oficial del Estado, lo asentado en la iniciativa.

Con lo anterior, se entiende porque las movilizaciones internas y los reclamos no se hicieron esperar en el país hermano de la frontera sur, este tipo de disposiciones normativas no sólo contradicen las obligaciones internacionales en la materia respecto a la protección de derechos fundamentales, sino que además niegan el valor esencial de los individuos: la dignidad humana, ya que con una regulación de esta naturaleza nos lleva al extremo de considerar que nuestras ideas alejadas de la realidad social, pueden estar por encima de los colectivos sobre quienes se ha gastado tinta en demasía para nombrarlos y para mostrar los obstáculos que están presentando para vivir con derechos.

Por fortuna, las movilizaciones lograron hacer mella en la consciencia social y pública, lo que derivo que el presidente de dicha nación, Alejandro Giammattei, anunciará el veto al decreto 18-2022, al considerar que la iniciativa presenta deficiencias técnicas y violenta el máximo ordenamiento jurídico de ese país.

Lo anterior nos deja en claro que seguimos considerando que proteger derechos frente a las reglas morales arcaicas, antidemocráticas e impuestas, es una ideología, algo a lo que podemos sumarnos si queremos, Parecería que esto radica en la voluntad de cada uno, la voluntad de respetar derechos o no. Pero olvidamos que la soberanía está ligada estrechamente con los compromisos internacionales y que el respeto a la dignidad de las personas no es un cheque en blanco que puede usar el populismo no inclusivo.

Hoy, parece que esa reforma no avanzará, hoy seguimos con la esperanza de creer que un mundo donde quepan muchos mundos es posible y que la movilización social, aunque algunos no la entienda, reivindica derechos.

Para más información y comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

[1] Congreso de la República de Guatemala, Iniciativa 5272. Ley de Protección de la Vida y la Familia, disponible en: https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/66.

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