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¿Candidatas y candidatos comprometidos? ¿Derechos LGBTTTI en riesgo?

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

A pocos meses de celebrarse los comicios tanto federales como locales donde eligiremos Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputadas, el primero de julio también elegiremos  Jefa o Jefe  de Gobierno, Diputadas y Diputados locales, Alcaldes y Concejales en la Ciudad de México (CDMX).

Nos enfocaremos en revisar la plataforma política de las y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX como figura responsable de la Administración Pública y de la política pública en la ciudad, partiendo de las polémicas generadas en torno a las  coaliciones casi “antinatura” entre partidos de izquierda y derecha y algunas declaraciones desafortunadas por parte de un candidato respecto a los derechos de la población LGBTTTI, esta situación desde luego ha desembocado en múltiples críticas por la ciudadanía, incluso entre sus propios militantes. Sabemos que la CDMX ha marcado un referente importante a nivel mundial en materia de protección de derechos de estos grupos, ante este escenario, ¿los derechos de la población LGBTTTI se encuentran en riesgo?.

Para iniciar nos referiremos a Alejandra Barrales Magdaleno, candidata por la Coalición “Por México al Frente”, conformada  por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Cabe acotar que si bien, no es la primera vez  que existe coalición electoral entre los dos primeros partidos, pues ya en el pasado han ido juntos en otras entidades federativas, si es la primera vez que el partido de la derecha (PAN) y el PRD cuya ideología es de izquierda, así establecida en su Estatuto[1], contenderán juntos en la CDMX, esto deriva de su registro formal a nivel nacional  como Coalición ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Revisando la Plataforma Electoral 2018 de la Coalición “Por México al  Frente”, por cierto elaborada por el ex Presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero, observamos  que  deja fuera a la población LGBTTTI dentro de sus ejes transversales. Llama la atención que en el documento cuando se refiere a las políticas transversales dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad si menciona a mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas adultas mayores y  personas con discapacidad, dejando fuera de estos grupos a la  población LGBTTTI.

Es de todos sabido, que el PAN  se ha opuesto y ha votado en contra de las reformas legislativas sobre matrimonios igualitarios, la adopción de niñas y niños por parejas del mismo sexo, el derecho a la identidad de las personas trans al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF),  misma postura que han replicado en los congresos estatales y el Congreso Federal.  Ello obedece a su Doctrina que  dentro de su Proyección de Principios contempla la protección de la Familia  como ente encargado de “desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad”[2], ideología que les ha servido para oponerse a la armonización de leyes con enfoque de derechos humanos.

Cierto también es que el PRD históricamente fue el partido que acompañó la agenda LGBTTTI y con el tiempo gracias a la movilización de las organizaciones de la diversidad sexual, abrió la puerta en los congresos a múltiples reformas legislativas en su favor,  luego de la llegada de sus gobiernos  a la Ciudad de México en 1989  con la reforma política del entonces Distrito Federal, pese a ello, tal parece que en su agenda  han  cedido a la Doctrina del PAN, o al menos así se observa en su Plataforma Electoral en Coalición.

Cuando a Barrales en una entrevista se le cuestionó la manera en qué enfrentarían el tema del matrimonio igualitario y el aborto al aliarse con Acción Nacional, señaló que ningún partido perdería su esencia y que esos son temas que ya han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A ello, habría que precisar que si bien la Jurisprudencia emitida por la Corte se ha  pronunciado a favor del matrimonio igualitario como consecuencia de la interposición de diversos Juicios de Amparo en distintos estados del país, es importante dejar en claro que los efectos de este Recurso no son de aplicación general, es decir, sólo protegen a los promoventes. Beneficiaría más que estas adecuaciones normativas  vinieran desde las y los legisladores “frentistas” que queden como representantes en los congresos después de la elección, mediante iniciativas de ley a los códigos civiles en materia de matrimonios igualitarios y demás derechos de la población LGBTTTI, obligación que si les compete y no evadir su  responsabilidad que como legisladores tienen y dejar todo en manos del Poder Judicial, que por supuesto cuenta con otras facultades. Sabemos de antemano que eso será  difícil de concretar, pues esta población no se encuentra dentro de su agenda como hemos revisado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social  (PES). Coalición recién anunciada y ya motivo de fuertes críticas a morena que inclusive ya ha desatado  protestas entre sus propios militantes por la alianza con Encuentro Social, partido, que, revisando sus documentos internos, asumen una ideología de derecha y de izquierda, pero que en la práctica se inclina más hacia una postura conservadora en defensa de la institución de la familia tradicional.

Luego de semanas en que ya se ha hecho el registro formal ante el INE de esta Coalición, no  ha existido una postura definida por parte del PES sobre cómo se tratarán los temas de diversidad sexual, lo cual, a pesar de que públicamente morena ha señalado no se trastocarán los derechos de la población LGBTTTI ya ganados, si daría pie a desconfiar en la manera en qué serán abordados esos temas en su agenda no solo local sino nacional.

En ese sentido y revisando la Plataforma Electoral  2018-2024 de Claudia Sheinbaum, dentro de sus ejes transversales para dar atención a grupos en situación de vulnerabilidad, reconoce la inclusión y fortalecimiento de los derechos de las personas LGBTTTI y la urgencia de combatir la violencia homofóbica y transfóbica a través de campañas y mediante la ampliación de programas transversales y específicos. Si observamos, el documento queda acotado y no menciona las líneas de acción específicas a cargo de los entes de la Administración Pública local por mandato de ley obligados a dar atención a esta población, sin embargo, si encontramos reconocidos a estos grupos en su Plataforma y el reconocimiento de la violencia homofóbica y transfóbica que permea en la sociedad capitalina.

Por otra parte, en un encuentro reciente con activistas de la comunidad LGBTTTI  en el Museo Memoria y Tolerancia, Sheinbaum se comprometió con la creación de una clínica especializada para atender la salud de las personas transgénero, transexuales y travestis y su postura fue en defensa de un gobierno laico y que de ganar la jefatura mantendría la agenda de la diversidad  sexual vigente en  el marco jurídico de la ciudad, de la cual se asumió defensora[3].

Días más tarde, Mikel Arriola Peñalosa, candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un evento entre militantes de sus partido donde recibió su constancia como candidato, manifestó su rechazo a los matrimonios igualitarios, el aborto y el uso recreativo de la mariguana. Asimismo,  se pronunció en la defensa  de la familia y los valores y que de ganar sometería a consulta todos estos temas que han sido objeto de división entre la sociedad capitalina. Además de ello,  en la Plataforma Electoral del PRI 2018, dentro de las líneas de acción para atender a grupos vulnerables no se encuentra incluida la comunidad LGBTTTI, pues sólo encontramos a niñas y niños, personas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, y personas con discapacidad.

A manera de conclusión entre éstas tres figuras, existe un escenario por un lado  bastante desolador como lo vemos con el candidato del PRI y uno menos regresivo con la candidata de morena, independientemente de ello, lo cierto es que tal y cómo la historia de los movimientos sociales ha dado cuenta,  corresponde a la sociedad civil mantenernos al pendiente de cualquier acción del gobierno que ponga en riesgo estos derechos.

Quedan aún vacíos legislativos en la agenda LGBTTTI, por ejemplo, derechos civiles, patrimoniales y laborales en la que tendremos que mantenernos dentro del espacio de interlocución con el gobierno de la ciudad. Lo que no queda duda es que sea cual sea el candidato o candidata que llegue a ocupar la próxima jefatura de gobierno,  los derechos ganados y reconocidos a través del impulso y fuerte movilización de la población LGBTTTI, son derechos humanos, son progresivos y no están sujetos a consulta ni a negociación por ninguna autoridad.

 

 

[1] Art. 2 Estatuto del Partido de la Revolución Democrática (reformado en el XIV Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en el Distrito federal, los días 17, 18 19 y 20 de septiembre de 2015).

[2] Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002. Aprobada en la XLV Convención Nacional con fecha 14 de septiembre de 2002, Disponible en

https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf

[3] Navarro, Yazmin (enero 24 2018). “Promete Sheinbaum clínica en CDMX especializada en salud de personas trans”, Disponible en https://www.sdpnoticias.com/gay/2018/01/24/promete-sheinbaum-clinica-en-cdmx-especializada-en-salud-de-personas-trans

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