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¿América Latina está lista para legislar sobre derechos de la comunidad LGBT?

Humanismo y legalidad, consultores

En las próximas semanas, en nuestro continente, el máximo tribunal en materia de derechos humanos, emitirá una resolución trascendental, con relación a derechos de la comunidad LGBT.

Todo deriva de una petición realizada en el mes de mayo del año pasado, en donde el Estado de Costa Rica solicitó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tres temas específicos: el reconocimiento del cambio de nombre de acuerdo con la identidad de género, las características de este tipo de procedimiento a nivel interno y el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo.[1]

Aunque se trata de una petición directa de un Estado, la determinación que emita el máximo tribunal, tendrá implicaciones en aquellos Estados que sean miembros de la OEA y que ha reconocido la competencia de la Corte.

Como miembros de la sociedad civil, Humanismo y Legalidad, en conjunto con otras organizaciones, hicimos llegar un Amicus Curiae, en donde expusimos argumentos que consideramos útiles para el debate.

En primer lugar, señalamos que el Estado de Costa Rica debe reconocer y facilitar el cambio de nombre, esto mediante un procedimiento que elimine cualquier medida discriminatoria basada en la identidad de género y la orientación sexual.

De igual manera referimos que el procedimiento, administrativo o judicial, debe reunir las características de efectividad, proporcionalidad y asequibilidad, privilegiando en todo momento la autodeterminación de la persona.

Cabe destacar que países como Reino Unido, Suecia, Holanda y España, han reconocido el derecho a la identidad de las personas transgénero y transexuales, circunstancia que se ha replicado en nuestro continente en Argentina y en nuestro país, en la Ciudad de México y en las entidades como Baja California, Michoacán, Sinaloa y Tlaxcala, en donde es posible la rectificación o modificación de actas de nacimiento.

También mencionamos que no existe una justificación racional ni proporcional para tratar a las parejas homosexuales y heterosexuales de manera diferenciada, y menos aún, que tal distinción se traduzca en un menoscabo o restricción de derechos. Por tal razón el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, requieren la inclusión a figuras ya existentes, tal es el caso del matrimonio o el concubinato, lo que implicaría el acceso a derechos derivados o conexos.

Resoluciones de esta naturaleza, permitirán materializar la regulación progresista y normativa en estos temas, garantizando con ello, la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, pero además permitirá dejar de lado las posturas conservadoras y discriminatorias, que tienden a vulnerar derechos, demostrando así que la realidad social ha sobrepasado la fuente normativa restrictiva.

Para más información sobre las observaciones emitidas por parte de Humanismo & Legalidad o para cualquier duda relacionada con este artículo o los servicios prestados como consultoría, los invitamos a comunicarse a los teléfonos 75764898, 75764899 o visitar nuestra FanPage en Facebook.

[1] Solicitud de opinión consultiva presentada por Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, registrada con el número OC-24.

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