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Acceso a la justicia de la comunidad LGBTTTI

Avances y pendientes

Si bien nuestro país presenta avances en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI, siguen existiendo importantes rezagos. La discriminación contra personas de este sector de la población, va más allá de ser un tabú o un prejuicio. Se trata de una expresión de intolerancia extrema que anula el respeto y cumplimiento de los derechos más elementales que las personas tienen por el simple hecho de ser personas, como lo son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana e integridad física. Esta intolerancia puede transitar fácilmente del simple prejuicio al odio, llegando a atentar contra la vida.

El informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia[1], reporta 1,310 casos de homicidios con esta característica, lo que coloca a México como el segundo país a nivel mundial en crímenes homófobos, sólo después de Brasil[2]. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2010[3], arroja datos preocupantes: tres de cada diez personas no están dispuestos a que en su casa vivan personas homosexuales, además tres de cada diez personas justifican oponerse al matrimonio igualitario.

Ciertamente, hay avances en torno a combatir esta discriminación y reconocer los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI, tanto en la comunidad internacional como a nivel interno. En México, tenemos avances significativos: la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su prohibición en el texto constitucional, el reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo en la Ciudad de México, así como precedentes importantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, emitido por la SCJN en el año 2014, orienta el trabajo de las y los juzgadores que intervienen en asuntos relacionados con personas de la comunidad LGBTTI.

Este Protocolo parte de derechos transversales: el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación para proteger otros derechos relacionados. Los criterios relacionados con el documento son: el sexo registral y la identidad de género, la vida familiar, el trabajo, las detenciones arbitrarias, la violencia y el acceso a la justicia, la salud, la libertad de expresión y asociación y la educación.

Si bien es cierto los avances mencionados, son un paso importante para acabar con violaciones a derechos humanos relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, siguen siendo insuficientes para erradicar el problema. En cuanto a las instituciones del Estado, debe apostarse sobre la capacitación y sensibilización necesarias sobre la problemática, así como las consecuencias de no cumplir con los mandatos nacionales e internacionales en la materia, y así poder pasar de la letra escrita a la práctica cotidiana de los derechos humanos.

Las conquistas de este sector de la población han tenido un largo recorrido motivado principalmente por la sociedad civil, donde el gobierno ha tenido que reconocer esas demandas más a regañadientes que por convicción. La encomienda es seguir luchando por lograr que toda persona por el simple hecho de serlo viva sus derechos más elementales.

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[1] Informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia 1995-2015.Publicado por Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C. ver en: http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/
[2] México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia. Sara Pantoja, 11 de mayo 2015, Revista Proceso.
[3] ENADIS 2010, pp. 33 y 38 disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf

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